La Agencia Federal de Inteligencia Argentina (AFI) denunció ante la justicia que más de 400 periodistas fueron espiados durante el anterior gobierno de Mauricio Macri con motivo de las cumbres de la OMC y el G20 organizadas por el vecino país, reporta un cable de AP.
La presentación judicial tuvo lugar el viernes y el organismo divulgó a los medios la nómina el domingo bajo formato Excel y que son parte de las pruebas presentadas por la AFI. El archivo contiene anotaciones sobre las tendencias políticas de esos periodistas, comentarios de carácter sindical o defensa de posturas feministas, aunque en otros no se hacen ningún tipo de observaciones. Tampoco dijo cómo se ejecutó ese espionaje.
El material forma parte de una denuncia por espionaje presentada contra el exgobernante argentino y la anterior cúpula de la AFI que dio lugar a que el fiscal federal argentino Jorge Di Lelló imputase en una causa penal el 29 de mayo a Macri y a su exjefe de inteligencia, Gustavo Arribas, por presunto espionaje ilegal contra dirigentes políticos y periodistas.
Entre los comunicadores que habrían sido espiados figuran periodistas de medios argentinos e internacionales, como las agencias de noticias The Associated Press, Reuters y France-Presse, entre otras, y de televisión como CNN.
La AP contactó al ex portavoz de Macri, Iván Pavlovsky, quien primero dijo que el exgobernante no estaba haciendo comentarios y luego aclaró que ya no ejercía como vocero. Mientras que una persona de prensa del partido PRO Argentina, que preside la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que no estaba de turno y colgó el teléfono. Las siguientes llamadas no fueron respondidas por el momento.
La denuncia fue presentada por la actual jefa de la AFI, Cristina Cañamo, basada en una investigación al anterior gobierno y luego del hallazgo de un disco duro con supuesta evidencia del espionaje ilegal a correos electrónicos a diversas personas, entre ellas varios exfuncionarios del propio gobierno de Macri (2015-2019), opositores, periodistas e integrantes de fuerzas de seguridad.
En Argentina el espionaje interno requiere de una orden judicial previa.
“He tomado conocimiento de la producción de inteligencia ilegal respecto a periodistas, académicos, organizaciones sociales, partidos políticos”, señala la denuncia, que afirma que dichas labores “no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado” sino dispuestas por las entonces autoridades de la AFI con la aprobación del ministerio de Seguridad de la Nación y su entonces ministra Bullrich.
Durante la presidencia de Macri, las autoridades abrieron numerosas investigaciones sobre presunta corrupción que involucraba a la expresidenta Cristina Fernández, quien ahora es vicepresidenta. Esos casos han quedado estancados en parte por las dificultades para celebrar audiencias bajo las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirius.
Macri también está bajo investigación sobre el manejo por parte del gobierno de una deuda de uno de los negocios de su familia, de un contrato de un parque eólico y financiamiento de campaña.