Para la Organización de Consumidores y Usuarios, ODECU, el proyecto que modifica la ley N° 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago, es un proyecto que fortalece la protección del consumidor.

Este proyecto de ley, en su esencia, apunta no sólo a mejorar el tratamiento que se hace de causas imprevistas para los tarjetahabientes, sino que también, mejora la calidad de servicio entregado por las Instituciones Financieras, toda vez que busca establecer confianza con los usuarios al generar un sistema seguro para las transacciones que se realizan, beneficiando a ambas partes por igual.

En ese sentido, llama la atención la presentación hecha por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), ante el Tribunal Constitucional, por dicho proyecto de ley, aduciendo que tendría vicios de inconstitucionalidad ya que no respetaría el debido proceso.

La acción de la ABIF, a nuestro entender, busca dilatar la entrada en vigencia de una ley muy necesaria para los consumidores y que, al contrario de la opinión de la ABIF, también los protege a ellos mismos de posibles fraudes denunciables ante los tribunales competentes.

Finalmente, ODECU presentará su opinión ante el Tribunal Constitucional de la misma manera que lo ha venido haciendo en las diferentes instancias parlamentarias a las que ha sido invitada.