La Contraloría General de la República entró de lleno en el intercambio de dimes y diretes ente el Gobierno y los Alcaldes, al emitir un oficio en el que literalmente llama al orden a los jefes municipales, señalándoles que deben acatar las disposiciones de los organismos facultados para ello en el marco del estado de excepción constitucional de Catástrofe que rige al país y no adoptar medidas que vayan en contra de esas facultades.

Más aún, les recuerda los límites que deben tener a la hora de participar (como ha acontecido durante estos días) en los matinales televisivos.

Lo más complejo de este escenario es que, al momento de recibir este documento el Gobierno, los alcaldes nada sabían aún (al menos en su mayoría) de su existencia ni menos de su contenido. Más aún, sólo hacía pocos minutos el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde de Puente Alto Germán Codina, se había retirado del Palacio Presidencial tras participar en la Mesa Social Covid-19, sin saber de su existencia.

Tirón de orejas a los municipios

El documento de la Contraloría N° 6.785, con fecha de este mismo martes 24 de marzo, en alguno de los párrafos indica lo siguiente:

«En relación con diversas denuncias vinculadas con medidas que habrían adoptado diferentes alcaldes a propósito de la situación de emergencia sanitaria que afecta al país por el brote del coronavirus 2019 (Covid-19), algunas de las cuales implicarían el cierre de los correspondientes límites comunales, declaraciones de emergencia comunal, cuarentena en los respectivos territorios, restricción del tránsito local y el cierre o fijación de horarios de funcionamiento de determinados establecimientos, entre otras originalidades, se ha estimado necesario precisar y recordar a las autoridades edilicias el marco normativo al que deben sujetar su accionar.

Además, se ha recibido una denuncia cuestionando la participación de alcaldes en programas de televisión, transformándose en «rostros permanentes de espacios televisivos» y entregando información ajena a las funciones municipales».

(…)

«Por consiguiente, los municipios deberán revisar las medidas que se han adoptado a propósito de la situación de emergencia sanitaria que afecta al país, ajustando sus actuaciones a la normativa y criterios precedentemente expuestos, respetando el principio de unidad de acción que cobra particular relevancia para la superación de situaciones de calamidad pública.

Finalmente, corresponde señalar que la participación  recurrente de alcaldes en programas de radio y televisión en horario laboral -particularmente en matinales- y la entrega de información obtenida en ejercicio de cargo por esos medios, sin adoptar los resguardos  y formalidades mínimas, además de frivolizar la función pública, puede implicar distraer indebidamente tiempo que debe destinarse a las labores propias de la autoridad municipal, a la vez de constituir una sobreutilización de la imagen personal del alcalde, asignándole un beneficio electoral a quien sirve dicho cargo público, en desmedro de la igualdad de oportunidades del resto de los ciudadanos».

Un antecedente más para la guerra abierta

Este oficio de la Contraloría aparece como la respuesta a una serie de “desencuentros” y diferencias de apreciación y toma de decisiones que han adoptado alcaldes de diversas comunas de la Región Metropolitana y del país, de todos los sectores políticos, que han sido especialmente críticos de las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la actual crisis sanitaria –que siguió sin tregua a la crisis político-social que se arrastró por cinco meses previos-, decisiones que incluyen, entre otras, el cierre de comunas, alcaldes panelistas en matinales y públicas diferencias entre la Asociación de Municipalidades y el Gobierno,  más las últimas declaraciones –fundadas- del alcalde Germán Codina. Todo lo cual aparentemente terminó con la paciencia de una impaciente Moneda.

Recordemos que previo a este documento, el alcalde Codina explicó que “si le va bien al Gobierno, nos va bien a todos porque con eso evitamos muertes”. Eso sí, enfatizó: “lo que tenemos que hacer es no hacer lo que se denomina vulgarmente ‘Yes Man’, que es decir a todo que sí, que todo está bien”. En ese sentido, indicó que hay dos medidas que considera que “tienen que ser drásticas y tienen que ser ahora”: control de precios y decretar que el examen del COVID-19 sea gratuito “para toda la gente que quiera realizárselo”, señaló el edil el lunes. Los dichos de Codina tienen su fundamento porque él conduce Puente Alto, la comuna más grande de Chile y la que literalmente está más expuesta a la males o lentas decisiones adoptadas por el poder central, por ejemplo aún no cuentan con el nuevo hospital prometido en la primera administración Piñera.

El Gobierno, en tanto, ha estado desde el día 1 de la crisis lidiando con los alcaldes díscolos y tratando de alinearlos tras las medidas adoptadas ya sea por el propio Presidente como por la autoridad sanitaria (el ministro de Salud Jaime Mañalich) y también los Jefes de Defensa Nacional e intendentes, tras la declaratoria de estado de excepción constitucional de Catástrofe. Las decisiones de varios jefes edilicios a finales de la pasada semana de cerrar el acceso a sus comunas y declarar cuarentenas comunales llevaron al Ejecutivo a aumentar el control sobre las municipalidades para evitar un desbande, sumado con medias en paralelo destinadas a bajar la ansiedad de los alcaldes «extremistas», como el poner ultimatums a la gente que se había ido a vacacionar a la costa, aprobar controles de acceso y cordones sanitarios a zonas como Chiloé o Chillán, y la instalación de la Mesa Social Covid-19, por mencionar algunos.

Pero la salida de libreto de la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (por lo demás parte del oficialismo), al anunciar por su cuenta en vivo la ocurrencia de una segunda muerte por coronavirus, obligó a La Moneda a intentar apagar un incendio que amenazaba una vez más con desbocarse.

“No es para que los alcaldes lo informen ni en un móvil ni en una conferencia de prensa”, sino que para que estén informados y “para que nos coordinemos con el nivel central (…) necesitamos tener una sola voz”, declaró una molesta vocera de Gobierno Karla Rubilar en una entrevista poco después del hecho, críticas que reiteró esta mañana el ministro Mañalich, aludiendo incluso a que la acción podía considerarse un delito.

Las voces de los alcaldes  -de todos los colores políticos- pidiendo medidas más concretas, seguramente hartaron a La Moneda, pero lo que pareciera no entender Palacio en la visión de los jefes municipales (y como operan en la realidad) es que los municipios son el primer eslabón en la estructura del Estado y desde las comunas se pueden minimizar o descontrolar situaciones como la actual crisis sanitaria; son los alcaldes lo que tienen la primera información, es decir, ellos son la primera línea para poder implementar medidas efectivas y políticas públicas coherentes y adecuadas para poder –por ejemplo- minimizar el riesgo de propagación del Coronavirus que pareciera estar sin control.

Por ejemplo, razón tenían los ediles con la crítica dura al manejo de los tiempos de operación del transporte público el primer día de Toque de Queda, porque hubo hacinamiento, en los buses y metros, porque el grueso de los trabajadores justamente viene de las comunas periféricas de la región, como Puente Alto, Maipú, La Florida, etc., La preocupación de los ediles es que el contagio no sea de libre tránsito como podía ocurrir hoy, por ello la insistencia de la Cuarentena Total, y discrepan con el Gobierno  porque ya la economía de fue a las mazmorras, la cuarentena total no va ha incidir en que ésta se termine de hundir, si ya está hundida.

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