El Ministerio del Interior se querelló contra quienes resulten responsables de las funas y amenazas que ha sufrido la jueza Andrea Acevedo, quien se vio implicada en una complicada formulación de cargos en contra de un carabinero que atropello y dio muerte a Jorge “Neco” Mora, tras un partido del campeonato nacional en el que jugó Colo Colo en el estadio Monumental. Sin embargo, la justicia declaró inadmisible la presentación del Gobierno.

Durante la audiencia de formulación, la magistrada dejó con firma semanal y arraigo nacional al policía implicado en el hecho, pero la polémica vino por la intervención que hizo Acevedo en donde cuestionó algunas características del hincha como apuntarlo de ser barrista de Colo Colo o que podría haber estado bajo la influencia del alcohol, entre otros puntos que causaron escozor entre la ciudadanía.

Posteriormente, la jueza del 14 Juzgado de Garantía de Santiago fue objeto de “funas” por medio de las redes sociales e incluso amenazas de muerte, como también una manifestación en las afueras de su casa en Las Condes.

Según consigna El Mercurio, el Ministerio del Interior presentó la acción judicial aduciendo que se trata de “una serie de funas sufridas por la jueza a través de distintas redes sociales, dentro de las cuales se profirieron amenazas de muerte y otros males”.

Además, se menciona que la manifestación del 2 de febrero “consistió en la asistencia a las afueras del domicilio particular de la jueza (…) por una importante cantidad de personas (cerca de 200), en su mayoría movilizadas en bicicletas, en la cual se le profirieron también una serie de consignas que denostan su condición de jueza y también de persona”.

Según la querella, las acciones tuvieron como objetivo el de “amenazar e intimidar a la magistrada en razón de las funciones que normalmente ejerce”, añadiendo que en un Estado de Derecho democrático existe la libertad de emitir opiniones, pero que “el ejercicio de las mismas no es absoluto, sino que tiene su límite en la ley”.

“Es preciso hacer uso de los medios legalmente consagrados para sancionar debidamente casos como este, en que no se trata de un legítimo ejercicio de las mencionadas garantías y libertades, sino de un uso abusivo e las mismas”, precisa el escrito.

Asimismo, la acción judicial pide diversas diligencias como que la Brigada del Cibercrimen de la PDI realiza un barrido de las redes sociales para “recabar detalles de los usuarios que han amenazados a la jueza.

También se solicita que se recopilen imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en el sector de la casa de la magistrada para poder identificar a las personas que protagonizaron los desórdenes y amenazas que han sido denunciadas.

Sin embargo, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible la querella porque el Ministerio del Interior carece de legitimación activa para deducir la querella criminal.

Por tal motivo, todos los antecedentes presentados por el Ejecutivo serán remitidos a la Fiscalía Oriente para que se inicie una investigación por las amenazas en contra de la magistrada.