Este viernes, el National Security Archive de la Universidad George Washington, desclasificó cinco cables confidenciales del Gobierno de Estados Unidos que aportan nuevos antecedentes en el llamado «Caso Quemados» y revelan que el general (R.)Augusto Pinochet Ugarte, personalmente ordenó que se frenaran las pesquisas para determinar la responsabilidad de los hechos ocurridos el 2 de julio de 1986, cuando una patrulla militar detuvo y luego procedió a quemar vivos al fotógrafo Rodrigo Rojas (19), y a la estudiante universitaria Carmen Gloria Quintana (18).
Los documentos divulgados este 31 de julio, salen a la luz en medio de la reapertura del caso y que han vuelto a conmocionar a la opinión pública nacional, proceden de la Casa Blanca, la CIA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos y establece que la «operación de encubrimiento» incluyó el secuestro e intimidación de testigos, así como el ejercicio de presión sobre jueces y abogados chilenos y el principal responsable -según la documentación- fue el propio dictador.
Peter Kornbluh, responsable de la investigación, señaló a varias agencias internacionales que: “Los abundantes detalles de los documentos desclasificados podrían servir de apoyo a la acusación (…) Los documentos vinculan a Pinochet con el encubrimiento de un crimen de cuya autoría militar no caben dudas”, señaló.
Cabe recordar que la causa tuvo un vuelco total la semana pasada, luego de que el ex conscripto del Ejército, Fernando Guzmán, rompió un pacto de silencio entre los involucrados y denunció una operación de encubrimiento diseñada por el Ejército para que nunca se supiera la verdad señalando que: “A cambio de nuestro silencio, la institución nos proveyó de permisos, dinero, como una manera de continuar con esta mentira y mantenernos callados”, indicó ante los tribunales.
Los cables de la Embajada de EE.UU. en Santiago
De acuerdo a los documentos liberados, las maniobras para ocultar los hechos comenzaron en el mismo recinto asistencial adonde fueron trasladados los jóvenes, gravemente quemados. En un primer cable estadounidense, enviado desde la embajada en Chile al Departamento de Estado el 8 de julio de 1986, dos días después de la muerte de Rojas, se dice ya que el joven fue “quemado de forma deliberada por soldados”.
El informe detalla que: “Médicos en la Posta Central (el hospital público de urgencias) afirman que el director de la Posta obstruyó el traslado de Rojas a una clínica mejor equipada para tratarlo”. Según el reporte norteamericano, el director médico de la Posta Central, identificado como el doctor Guzmán, “escribió una nota en el historial médico (de Rojas) ordenando que no recibiera visitas debido a los problemas legales de su caso y de Quintana, y que tampoco debía ser trasladado a otro recinto médico”.
Otro de los llamados «cables» liberados este viernes, procede de la Casa Blanca y está fechado el 14 de julio, y señala que «pese a las declaraciones de testigos y una investigación de la inteligencia chilena que claramente señalan a miembros del Ejército como responsables del ataque a los dos jóvenes, el Gobierno chileno, siguiendo directivas de Pinochet, está tratando de tachar públicamente como terroristas a Rojas y a Quintana, que habrían sido víctimas de sus propios cócteles molotov”. Luego continúa: “No es probable que Pinochet vaya a permitir que se juzgue a soldados, ni siquiera si un investigador oficial los señalara como los culpables. Si se desbarata la defensa del cóctel molotov, deberíamos esperar otras explicaciones, como que responsabilicen a comandos comunistas”, señala el escrito.
El último documento sobre el caso fue emitido por la CIA el 18 de diciembre y describe cómo abogados relacionados con el caso son presionados por el ministro de Justicia, Hugo Rosende Subiabre, «está ejerciendo presión sobre el fiscal del Estado y los jueces para atascar y finalmente desestimar el caso por falta de pruebas, con el fin de alargar el caso, porque mientras no haya una sentencia los abogados de Rojas no podrán acudir a la Corte Suprema, que es “su mejor oportunidad de exponer los detalles del asesinato del joven».
La reacción del Gobierno de Chile fue a través del minsitro de Relaciones Exteriores quien pidió a Estados Unidos quitar las tachas sobre algunos párrafos de los documentos, ya que podrían aportar importantes datos a la investigación que encabeza Mario Carroza.
Para el autor de la investigación este es “un caso crucial en la historia de violaciones de derechos humanos en Chile y, también, en las relaciones entre el régimen de Pinochet y EE.UU.” aseveró Kornbluh, quien ademas afirma que este crimen determinó que los Estados Unidos definitivamente le quitara todo apoyo al régimen de Pinochet.
Los cables:
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