Este viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer su informe relativo a los resultados de la investigación en torno a lo acontecido en nuestro país en el marco de la crisis sociopolítica que se vive desde el pasado 18 de octubre.
En se sentido, el Comité señaló que “en el marco de su mandato de monitoreo permanente a la situación de derechos humanos en Chile, la CIDH ha recibido diversa información que señalaba, entre otros, hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de las detenciones”.
Por lo anterior, indicó que “en respuesta a estos graves hechos, la CIDH decidió instalar una Sala de Situación de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) con el objeto de monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos en Chile”.
En virtud de los resultados de este informe, la CIDH hizo un llamado para que “las autoridades ordenen el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Al respecto, la CIDH recuerda que la actuación de Carabineros de Chile en el mantenimiento del orden público debe estar en estricto apego a los estándares internacionales de derechos humanos que rigen el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad”.
El informe pone atención en que ha recibido información sobre “sobre un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en contra de manifestantes por parte de Carabineros de Chile”; expresando su preocupación por “por el elevado número de personas que han sufrido traumas oculares en el contexto de las protestas sociales como consecuencia del impacto de perdigones o bombas lacrimógenas utilizados en la dispersión de protestas por Carabineros de Chile”; indicando su alerta “por la elevada cifra de detenciones desde el 18 de octubre de 2019”; como también “su grave preocupación por la información recibida que señala torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de las detenciones”; así como por “el elevado número de denuncias de abuso sexual en el contexto de las detenciones”.
Detalle del informe en cifras
Según la información recibida por el organismo autónomo de la OEA, desde el inicio de las protestas sociales el 18 de octubre, “la cifra de víctimas mortales ha ascendido a 26, de las cuales al menos 5 habrían sido por acción directa de agentes del Estado y 2 bajo custodia del Estado en comisarías de Carabineros”.
Añade que, de acuerdo a la información del Ministerio de Salud, “los servicios de urgencias médicas del país atendieron a 12.652 personas heridas en relación con las manifestaciones y el INDH constató directamente en hospitales 2.808 heridos en el contexto de las manifestaciones.
Además, según datos del Colegio Médico, “la cifra de personas con traumas oculares como consecuencia del impacto de perdigones o bombas lacrimógenas de Carabineros asciende a al menos 283, en algunos casos con la pérdida total de la visión en dos ojos”.
Por otra parte, el informe establece que “desde el inicio de las protestas sociales se han llevado a cabo al menos 20.645 detenciones, al menos 950 personas en prisión preventiva. En este periodo de tiempo, la Fiscalía Nacional ha avanzado en la investigación de 2.670 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos, de las cuales 422 hacen referencia a casos de niñas, niños, o adolescentes y 44 a casos de torturas y 26 por violación o abuso sexual por parte de agentes del Estado”.
Sobre estas cifras, especialmente las últimas, la Comisión Interamericana de DD.HH. “insta a las autoridades de Chile a investigar con debida diligencia los referidos hechos de violencia, identificar y sancionar a los responsables e informar los resultados debidamente a la ciudadanía”, en especial porque “conforme la información recibida, esta cifra podría ser aún mayor debido a la incertidumbre del número real de detenidos e ingresados a comisarías, en relación con personas puestas en libertad por exclusiva decisión policial sin informar al Ministerio Público.
Por otra parte, la CIDH destaca que “fue informada sobre el aumento en la declaración de detenciones ilegales en audiencias de control de detención, siendo que la Defensoría Penal Pública en un 26%,3 de los casos alegó la ilegalidad de la detención, siendo declaradas ilegales 6,2% de los casos”.
Por otra parte, y haciendo alusión a las cifras proporcionadas por el INDH, comenta que este último organismo “desde el inicio de las protestas sociales ha presentado 332 querellas en contra de Carabineros, 39 en contra de militares y 6 en contra de Policía de Investigaciones (PDI). De estas querellas, la mayoría hacen referencia hechos de tortura y tratos crueles, así como torturas con violencia sexual. Estas cifras duplican el total de querellas presentadas por dicha institución en contra de Carabineros en 9 años, desde la creación de este organismo autónomo”.
A su vez, y citando la información publicada por la Fiscalía Nacional, señala que “entre el 18 de octubre al 25 de noviembre de 2019, se están llevando a cabo investigaciones de 2.670 por presuntas violaciones a los derechos humanos, de las cuales 422 hacen referencia a casos de niñas, niños, o adolescentes y 5 personas del colectivo LGBTI y 44 a casos de torturas. De las investigaciones en este periodo, 90 son por desnudamientos forzados, 26 por violación o abuso sexual y 8 por amenazas de agresión sexual”
Prosigue a continuación precisando que “en relación con la institución denunciada en dichas investigaciones, la Fiscalía informó que 2.052 víctimas denunciaron a Carabineros de Chile, 183 al Ejército y 50 a la PDI. Al respecto, la CIDH observa que, conforme a esta información, al menos 203 agentes del Estado han sido individualizados en las investigaciones. Asimismo, la CIDH observa que la Fiscalía está avanzando la investigación de al menos 5 personas fallecidas por acción de agentes del Estado, la mayoría por acciones de las Fuerzas Armadas en el contexto del estado de excepción constitucional”.
Abordando en detalle los heridos de diversa consideración por acción de efectivos de fuerzas de orden y seguridad, y FF.AA., el informe de la DIDH señala que “de acuerdo con la información del Ministerio de Salud, al 18 de noviembre de 2019 la cifra de personas atendidas por los servicios de urgencias del país por traumas oculares asciende a 194, de los cuales un 77% es debido al impacto de perdigones y un 9% al impacto de bombas lacrimógenas. En al menos 17 de estos casos se observa la pérdida total de la visión en un ojo y hay actualmente 36 casos en los cuales existe riesgo de pérdida. La CIDH advierte que, de acuerdo con información del Colegio Médico de Chile, al 17 de noviembre de 2019 la cifra de personas atendidas con trauma ocular desde el 19 de octubre de 2019 sería sustantivamente superior al informado por el Ministerio de Salud, ascendiendo a 283 casos”.
Hace una especial mención al caso del estudiante universitario Gustavo Gatica, quien perdió la visión en sus dos ojos tras recibir el impacto de perdigones.
Condena a actos violentistas
Por otra parte, el informe también se refiere a los actos violentos surgidos desde algunos grupos de manifestantes, señalando que “la CIDH reprueba que en determinadas circunstancias, grupos de manifestantes hayan provocado graves desmanes durante algunas manifestaciones, arrojando objetos contundentes contra efectivos de las fuerzas del orden, destruyendo equipamiento público como colegios, buses, trenes y estaciones de metro, protagonizando saqueos y otros tipos de agresiones, inclusive contra los bomberos”.
Precisa en este punto que “al respecto, la CIDH recibió información sobre ataques a espacios de culto católico, evangélico y judío. La CIDH condena enérgicamente todo acto de violencia, y recuerda que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica”.
Pese a lo anterior, el CIDH recalcó que “recuerda al Estado que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y protestas y de aislar a los manifestantes que recurren a la violencia. A ese respeto, la Comisión reitera el rechazo a toda forma de violencia y hace un llamado al Estado a investigar, de forma imparcial, exhaustiva y expedita, tanto las violaciones de derechos humanos como los delitos que se hayan cometido en dichos contextos, así como juzgar y sancionar los responsables”.
El informe del CIDH manifiesta también que el organismo ha tomado nota de que “actualmente se encuentra en discusión un proyecto de ley que moderniza la gestión institucional y robustece la probidad y la transparencia en las Fuerzas del Orden y Seguridad”.
En ese sentido, la Comisión destacó “la importancia de dar urgencia a dicha discusión e incorporar a la misma la reforma institucional de Carabineros de Chile según lo señalado anteriormente”.
Por otra parte, el organismo continental de DDHH señaló que tomó nota de “la declaración hecha por el Presidente de la República el 24 de noviembre conforme se presentará un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas tengan mandato de controlar infraestructura pública sin tener que decretar el estado de emergencia. En este contexto, la CIDH recuerda que, de conformidad con los estándares interamericanos, el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana deben estar primordialmente reservados a los cuerpos policiales civiles. Sin embargo, cuando se tiene la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, ésta debe de ser extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada”.
LEA EL COMUNICADO DEL CIDH CON EL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE CHILE:
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