El 22 de octubre, en pleno estado de emergencia, el camarógrafo corresponsal de Mega en Concepción, Alejandro Torres, mientras realizaba su trabajo reporteando una manifestación, recibió un perdigón por parte de Carabineros en su ojo izquierdo, lo que provocó que perdiera la vista.

“Perdí una herramienta importante para desenvolverme laboralmente”, señaló en su participación en la comisión que analiza la pertinencia de la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera el martes 27. “Ya no voy a poder seguir trabajando en lo que más me gusta que es la parte audiovisual, específicamente en cámara y eso me deja una gran preocupación” agregó.

Frente a esto, el diputado Gastón Saavedra (PS) señaló que, a su juicio, la comisión “se va construyendo la convicción de que, efectivamente, el Presidente de la República tiene responsabilidades y tiene que responder al país”. Agregó además que “se requiere con urgencia un plan de reparación para todas aquellas personas que han perdido la vista y que hoy no pueden trabajar”.

Este mismo día, ante la comisión expuso Inés Robles, Coordinadora del Consultorio Jurídico de la Universidad de Valparaíso, señalando que hasta ahora han presentado 120 denuncias, 32 por lesiones con perdigones, 67 por golpes de luma, patadas, puños y atropellos por motocicleta, siete por daños psicológicos, tres por desnudamientos y agresiones sexuales, tres impactos directos de lacrimógenas en su cuerpo, ocho por efectos de gases y aguas con químicos, junto a detenciones ilegales y vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Explicó también las dirigencias realizadas como universidad para detener el uso de armamento antidisturbios que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso el día viernes 22 de noviembre.

Transportes

En la misma sesión participó el presidente del directorio de Metro, Louis de Grange, quien informó a la instancia sobre los daños a la infraestructura de esta red de transporte capitalino y los efectos que han tenido en el traslado de pasajeros.

Actualmente, solo el 75% de la red estaría funcionando. Habitualmente, Metro transportaba a cerca de 2.800.000 personas diariamente, sin embargo, ahora la capacidad solo permite hacerlo a un 60% de esta capacidad. De Grange destacó que el 18 de octubre 5 estaciones diferentes se quemaran a mismo tiempo y que seis trenes fueran totalmente destruidos.

“Nunca imaginamos que el metro iba a ser el centro de los ataques” expresó en la instancia. Frente a esto, la diputada Sofía Cid (RN) señaló que “los derechos humanos son para todos, no solamente para un sector y toda esa gente tal vez se demoraba una hora o media hora en llegar a su lugar de trabajo, ahora se demora tres o cuatro y hay un estrés también detrás de cada una de esas personas (…) si se quería generar un daño al gobierno de turno, al final terminó siendo afectada la gente más desprotegida del país”.

Por su parte, Fernando Saka director del Transporte Público de Santiago, señaló en su exposición que, tras el estallido social, 35 buses han sido quemados, 3 mil han sido vandalizados, más de 200 conductores han sido agredidos.

Esto ha generado que todo el sistema completo ha tenido un perjuicio, incluso cuatriplicando el tiempo de viaje. Además, ha tenido el costo de 8,6 millones de dólares por los buses siniestrados.

Efectos en las pymes

La instancia también sesionó el jueves 28, donde participó el presidente de la asociación de industriales del pan y representante de Conapyme, José Carreño, quien detalló cómo la crisis del país ha afectado a las pequeñas y medianas empresas.

“Vemos que en los próximos meses va a ser dramático el nivel de desempleo porque hay muchas pymes que ya no tienen más espalda para seguir funcionando. Si esto no se mejora ahora ya es muy complicado y yo creo que va a haber, lamentablemente, el cierre de muchas pymes en el corto plazo”, expresó en la instancia.

Para el presidente de la instancia, diputado Daniel Verdessi (DC), estas audiencias les han “permitido tener dos visiones. Una es la violación manifiesta de derechos humanos por mutilaciones, por problemas físicos, por pérdida de ojos e incluso los cinco muertos que fueron provocados por agentes del Estado. Y, por otra parte, la pérdida de otros derechos humanos tan importantes como son el libre tránsito, el derecho a trabajar, el derecho a usar los medios de locomoción”.

En las próximas sesiones, la instancia espera poder recibir a la defensora de la Niñez y a representantes del instituto de derechos humanos, entre otras audiencias.