Junto al ataque sufrido ayer por la Escuela de Ingeniería del Ejército en Tejas Verdes, se sucedieron otros sucesos que involucraron a las Fuerzas Armadas en medio de las protestas que afectan al país.

Así, el cuartel del regimiento N°23 del Ejécrito en Copiapó fue escenario de incidentes que sucedieron luego del enfrentamiento de manifestantes con los militares en las dependencias de la unidad, donde tres uniformados también resultaron lesionados.

Al respecto, desde la unidad militar se informó que “producto de un ataque de delincuentes que violentamente intentaron vulnerar las instalaciones de la mencionada unidad, personal de guardia, en cumplimiento a los procedimientos establecidos y en legítima defensa, repelió esta acción injustificada y no provocada”.Agregando que el personal de guardia de cuartel “hizo uso inicialmente de armamento con munición a fogueo y luego con munición antidisturbios, resultando herido un delincuente, quien habiendo traspasado los límites del cuartel y luego de lanzar objetos y agredir a personal militar, se dio a la fuga”.

Por otra parte un grupo de desconocidos intentó quemar un avión A-36 “Halcón” de la FACh en Alto Hospicio durante las manifestaciones de este martes registradas en la región.

La aeronave, que es exhibida en la vía pública, fue cedida como monumento por la Institución el año 2010 a dicha comuna como testimonio de los inicios de las operaciones de la Fuerza Aérea en esa región del país.

“La Fuerza Aérea de Chile rechaza la acción violenta e injustificada de un grupo de manifestantes, quienes intentaron a quemar una aeronave A-36 “Halcón” ubicada en la vía pública de la comuna de Alto Hospicio”, dice el comunicado de la FACh, en el que además agregan que “junto con reunir todos los antecedentes para dar inicio a las acciones legales que corresponda contra quienes resulten responsables”.

Asimismo, la institución añadió que “frente a la ocurrencia de ataques a instalaciones de la Fuerza Aérea en cualquier parte del país, estos serán respondidos adecuadamente en uso de la legítima defensa, con las capacidades puestas a disposición del personal que custodia las instalaciones en resguardo de la infraestructura, equipamiento y bienes públicos entregados por el Estado para el cumplimiento de sus tareas constitucionales”.