Durante esta semana hemos asistido al cambio de mando  ambiental en Chile: el Presidente Piñera se ha transformado en el nuevo Capitán Planeta, tomando el título informal que ostentó el ex Presidente Lagos durante largos años. Y es que el actual mandatario y su gobierno han vivido una semana soñada en Nueva York, con la distinción recibida por Piñera y la atención global puesta en Chile en temas medioambientales.

Sin embargo, ad portas de la COP25, para la actual administración ha existido un gran dolor de cabeza. Así, este jueves 26 de septiembre está prevista en el edificio de la ONU en Nueva York una ceremonia para que los países de la región suscriban o ratifiquen el Acuerdo de Escazú, el tratado vinculante para América Latina y el Caribe respecto a la protección del medio ambiente y el acceso a la justicia ambiental (hasta el momento, ha sido firmado por 17 países y ratificado por 1).

Este evento se ha transformado en una nueva prueba para el país ya que, pese a que Chile fue uno de los impulsores del tratado, el Gobierno de Piñera se ha negado a suscribir el acuerdo, poniendo toda una serie de trabas y siendo objeto de todo tipo de críticas de diversos sectores ambientalistas y de oposición.

¿Qué es Escazú?

Todo surgió hace casi un año, el 27 de septiembre de 2018, fecha en la que estaba pactada la firma del texto, como punto final de un proceso iniciado en 2012, y que había sido liderado por Chile y Costa Rica.

Sin embargo, la rúbrica de Chile quedó en el aire luego de que la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, informara que la Cancillería había solicitado postergar la participación de Chile en el acuerdo, decisión de última hora que generó enormes dudas y críticas por parte de parlamentarios y organizaciones de defensa del Medio Ambiente.

Pero ¿qué llevó al gobierno a restarse a última hora del acuerdo y dilatar su firma por más de un año (sin que se avizore una pronta acción al respecto)?

El  “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” o Acuerdo de Escazú, consta de 26 artículos. Según el documento compartido por la Cepal, en el que se resume el preacuerdo alcanzado en Cosa Rica, el acuerdo apunta a «garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales«.

Así, el pacto tiene como uno de sus puntos más importantes el garantizar la participación de las comunidades en tomas de decisiones que involucren a ambas partes. Es decir, los países que firmen el tratado se comprometen a una «participación abierta e inclusiva en los procesos, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional». Dentro del texto, se explicita que ambas parte tendrán voto en la toma de decisiones.

Esto es especialmente importante al considerar lo que sucede en las llamadas zonas de sacrificio ambiental como Quintero, Puchuncaví, Tiltil, entre otros, con los conflictos entre las autoridades públicas y comunidades locales, lo que ha sido especialmente complejo para la actual administración.

¿Y cuando firma Chile?

La principal justificación del gobierno ha pasado por los temores que genera el eventual “riesgo para la soberanía nacional”. La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, fue clara al justificar el año pasado la actitud de Chile de no firmar el Acuerdo de Escazú: «Esto ha sido una postergación, un tema de oportunidad. Una decisión tomada a solicitud de Cancillería mientras realizan los análisis de resolución de litigios que es un problema más importante. No queremos que se ponga en peligro la soberanía de nuestro país”.

Cabe recordar que en aquel momento estaba fresca aún la polémica en torno a la conveniencia de que Chile permaneciera dentro del Pacto de Bogotá, acuerdo que había propiciado los juicios ante la Corte de La Haya por temas limítrofes con Perú y Bolivia. Para el gobierno de Piñera y sus sostenedores políticos, ese fue un claro ejemplo de las consecuencias negativas a la hora de no poner reservas en los articulados de tratados internacionales que, a los ojos de muchos, más que permitir conceder derechos y prevenir conflictos, terminan azuzándolos, limitando o eliminando cualquier margen de maniobra del país.

En entrevista con TVN en Nueva York, el Presidente Piñera fue aun más específico sobre las razones del retraso en la firma: “Todo lo que establece el Tratado de Escazú ya está contenido en nuestra legislación nacional, pero cuando un Presidente firma un tratado que significa ceder soberanía, tiene que pensarlo muy bien para que sea en beneficio de Chile. Nosotros tenemos observaciones que las hemos hecho fuerte y clara de que ese tratado puede significar que países o grupos puedan usar ese tratado para llevar a Chile ante cortes internacionales. Por tanto, cuando un Presidente firma un tratado tiene que estar convencido. Yo lo voy a firmar como Presidente de Chile solamente cuando esté convencido que está en el mejor interés chileno. “Creo que los problemas del medioambiente es mejor que los discutamos en Chile, con nuestros tribunales ambientales y no es una comisión de expertos que nadie sabe cómo resuelve ni a qué intereses responden».

Pese a estas dudas, el canciller Teodoro Ribera afirmó en una entrevista radial en estos días que se está trabajando en la posibilidad de efectuar declaraciones interpretativas.

En ese sentido, la académica de la Universidad de Concepción Paulina Astroza explicó que, si bien el artículo 23 del Tratado de Escazú no permite hacer estas reservas, igualmente se puede firmar el documento mediante esa declaración interpretativa.

«La declaración interpretativa puede dejar explícitamente establecido qué entiende el Estado por algún concepto, pero eso no es una reserva. Cuando se firma un acuerdo de este tipo, el efecto de la firma significa que el texto queda fijo, inalterable, salvo que todas las partes estén de acuerdo en modificar el texto, pero significaría reabrir una nueva negociación. Si el Estado de Chile firma el acuerdo es que acepta todo el texto del acuerdo, porque las reservas no se admiten«, aseveró.

Y aunque nadie espera una firma del tratado en Nueva York, para todos quienes adhieren a los postulados de este acuerdo, como Chile lo negoció no hay ninguna razón para que no se firme. La gran señal para el público nacional e internacional sería que el Gobierno lo firmara antes de la COP25.