La Justicia argentina no le da tregua a la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, ni siquiera en la campaña para las elecciones generales del 27 de octubre.

El juez federal Claudio Bonadío, quien ha llevado adelante la mayoría de las investigaciones que involucran a la exmandataria (2007-2015) por presunta corrupción, dio por finalizada la investigación y pidió el viernes formalmente que se le juzgue como presunta jefa de una asociación ilícita que durante su mandato se habría dedicado a cobrar sobornos a empresarios a cambio de ser beneficiados con contratos de obra pública, señala un cable de AP.

El magistrado firmó la resolución a poco más de un mes de las elecciones presidpuenciales, en la que Fernández de Kirchner secunda en la fórmula al favorito Alberto Fernández, exjefe de gabinete de ministros en su primer mandato y ahora aspirante a la presidencia por el peronismo opositor.

Pero para este juicio, necesita desaforar a la expresidenta y actual senadora, lo que no será fácil, según se desprende de la información publicada por La Nación de Argentina «o prosperará el nuevo pedido de desafuero de la senadora nacional Cristina Kirchner realizado hoy por el juez federal Claudio Bonadio, quien envió a juicio oral un tramo de la causa de los cuadernos de las coimas.

El jefe de la bancada peronista, Carlos Caserio, adelantó a LA NACION que no aprobarán la quita de los fueros mientras que Miguel Ángel Pichetto, compañero de fórmula de Mauricio Macri, ratificó a través de su vocero su posición de que la prisión preventiva es «excepcionalísima en la etapa de instrucción» por lo que no procede la quita de fueros. Así, la alianza oficialista tampoco tendría intención de llevar el tema al recinto, al menos en lo inmediato, señala La Nación.

La fórmula de los Fernández, que no tienen relación de parentesco, se impuso en las primarias del 11 de agosto por una diferencia de 15 puntos sobre el presidente conservador Mauricio Macri, quien busca la reelección. Las encuestas auguran que Fernández ampliará esa ventaja en la elección general.

La expresidenta de 66 años está siendo juzgada desde junio por supuestamente favorecer a un empresario en la licitación de obras públicas.

Bonadío investigó un supuesto un sistema de recaudación ilegal de fondos ideado por los gobiernos de centro-izquierda de Fernández de Kirchner y de su difunto esposo Néstor Kirchner (expresidente 2003-2007) que habría consistido en cobrar sobornos a empresarios a cambio de ser beneficiados con contratos de obra pública. Kirchner falleció en 2010.

El caso se inició a partir de la aparición de fotocopias de anotaciones que llevaba en un cuaderno el chofer de un exalto funcionario kirchnerista sobre supuestas maniobras de recaudación de dinero de empresarios. A partir de este material y el testimonio de empresarios, antiguos funcionarios y financistas arrepentidos, Bonadío detectó supuestas irregularidades en contratos de importación de gas natural licuado, adjudicación de corredores viales (peajes), subsidios al transporte ferroviario y transporte automotor de corta distancia y cartelización de obra pública (digitar las licitaciones de contratos).

Fernández de Kirchner niega los cargos y manifestó que es víctima de una persecución y ensañamiento por parte de Bonadío.

No se fijó fecha para este nuevo juicio

La senadora también enfrenta cargos por lavado de dinero, administración fraudulenta y el supuesto encubrimiento de los responsables del ataque terrorista contra una mutual judía de Buenos Aires en 1994 en otras investigaciones judiciales. Se necesitan dos tercios de los votos de los senadores para que pierda su inmunidad.