Los procesos que viven Venezuela, Argentina y Brasil dan cuenta del surgimiento de debilidades crecientes en la gobernabilidad democrática. Ello se contextualiza, en los tres casos, en un escenario de debilidad económica si es que no de crisis, donde la inflación y el manejo macroeconómico resultan estar en el centro de la inquietud y preocupación ciudadana y enfrentan la necesidad de plantearse devaluaciones, ajustes fiscales importantes que se expresan en austeridad y disminución considerable del gasto estatal además de generar condiciones de crecimiento económico que permita mantener las ayudas o subsidios del estado a la población.
En los casos de Venezuela y Argentina, las recientes elecciones han entregado su voto castigo a la oposición en Venezuela con lo cual controla la Asamblea Nacional (Congreso) y está en condiciones de realizar una oposición activa y efectiva a las iniciativas de Nicolás Maduro como también empezar un proceso que pueda finalizar en un referéndum revocatorio o una reforma constitucional que acorte el actual periodo presidencial (Las próximas elecciones en Venezuela son el 2019). En el caso de Argentina, el voto castigo favoreció la elección de Macri, quien representa el cambio y una nueva fórmula para gestionar el Gobierno y con ello un programa centrado en la recuperación económica, el control de la corrupción y garantizar un mínimo de seguridad ciudadana.
En ambos casos los mecanismos e instrumentos democráticos han sido ineficientes a la hora de evitar la polarización. Por lo pronto, Argentina queda sumido en el imperativo de superar las urgencias antes de plantearse en los importantes temas estratégicos.
En el caso de Brasil, el escenario definido por los factores de debilidad y crisis de su economía y el impacto profundo de la corrupción asociada al Estado (Petrobras) han socavado la legitimidad no solo de ña clase política sino que también de la Presidenta quien enfrenta una acusación constitucional (impeachment) con la finalidad de destituirla como Presidenta.
Las democracias mencionadas se encuentran en un punto de inflexión que afecta directamente su gobernabilidad y pone en cuestión, en cada caso, sus capacidades reales para superar las amenazas a la gobernabilidad democrática. Estas amenazas se traducen en debilidades institucionales, cuya manifestación común para los tres países es el conflicto institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, afectando no solo el equilibrio democrático, sino que instalando un conflicto político cuya consecuencia es la inacción del Gobierno, la debilidad del estado y la incapacidad de implementar oportunamente los programas, políticas y acciones de índole económico para la reactivación y generación de condiciones de crecimiento económico.
Ello tendrá un efecto evidente, como es un aumento de la polarización política e ideológica con consecuencias negativas para la población. Es decir, una polarización que terminara instalándose a nivel social con distintos conflictos. Si todo ello fuera poco, sus partidos y movimientos políticos enfrentan una fragmentación profunda y creciente que dificulta e impide el dialogo y la negociación política entre actores, con lo cual el aislamiento del Ejecutivo será evidente como también el del legislativo, el cual estará sometido a una confrontación interna permanente.
Brasil enfrenta no solo la acusación para la destitución, la cual se encuentra entrampada en espacios institucionales y donde la probabilidad de que fructifique aumenta conforme pasan los días. A ello se adiciona, el distanciamiento entre la presidenta y su Vicepresidente, las acusaciones de corrupción contra el presidente de la Cámara de Diputados y quien promovió el proceso de destitución, la crítica situación de personeros políticos acusados de corrupción y la imposibilidad de lograr un dialogo que permita superar la crisis institucional marcan el momento de mayor incertidumbre futura en Brasil.
Si el Ejecutivo y el legislativo están enfrentados, además de fragmentados, el poder político se ejerce por la vía de quien domine la fuerza y la capacidad de coerción desde el Estado. Resulta evidente de que no basta ganar la presidencial (Argentina), o dominar el Congreso (Venezuela) o tener efectivamente el poder (Brasil), sino hay capacidad y voluntad de implementar instrumentos democráticos que habrá una salida institucional. La opción es atrincherarse en las decisiones judiciales (tercer poder del Estado) y entrar en una dinámica política lenta, engorrosa y con escasas dificultades de superar la crisis democrática de los países.
