MENDOZA, Argentina (AP) — Ezequiel Villalonga mueve sus manos frenéticamente para expresar el poder que ha conquistado tras años de sufrimiento. Por fin los sacerdotes a los que él y otros sordos argentinos acusaron de abuso afrontarán desde el lunes 5 de agosto un juicio histórico.
Villalonga, de 18 años, es uno de los cerca de 20 exalumnos del Instituto Antonio Próvolo para niños sordos y con problemas de audición de la localidad de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, que fueron presuntamente víctimas de abusos entre 2004 y 2016, incluyendo violaciones a manos de curas.
Los supuestos abusadores de ese y otros antiguos estudiantes se sentarán en el banquillo para dar cuenta sobre un caso del cual el papa Francisco _de origen argentino_ no ha hecho comentarios públicos.
Las denuncias salieron a la luz a fines de 2016 y generaron un escándalo mayúsculo que se intensificó luego de saberse que el italiano Nicola Corradi, uno de los curas acusados, ya había sido señalado por supuestos delitos similares en el Instituto Antonio Próvolo de Verona, Italia, y que el papa había sido notificado de que el religioso dirigía un centro similar en Argentina.
“Los del Próvolo de Mendoza dijimos ’ya no más miedo´. Teníamos el poder”, dijo Villalonga a The Associated Press con la ayuda de una intérprete al explicar cómo a partir de una primer “valiente” otros se animaron a contar los sufrimientos padecidos.
La AP no identifica por nombre a presuntas víctimas de estos delitos, a no ser que aquellas así lo deseen.
La entrevista con Villalonga se efectuó en la sede de la organización no gubernamental Xumek en la capital mendocina, a unos 1.100 kilómetros al oeste de Buenos Aires. La organización es querellante en el juicio en el que la Fiscalía mendocina es titular de la acción penal.
Alejandro Gullé, jefe de los fiscales de Mendoza, apuntó a AP que este juicio es “inédito, uno de los más importantes en esta provincia y con una trascendencia que va más allá de lo nacional”.
Además de Corradi, de 83 años y con prisión domiciliaria, se sentará en el banquillo el cura Horacio Corbacho, de 59, y el laico Armando Gómez, de 63, ambos argentinos y presos en una cárcel mendocina. Están acusados de abuso sexual agravado por el acceso carnal, abuso simple (tocamientos) y corrupción de menores.
Corbacho se ha proclamado inocente y los otros dos imputados se han negado a declarar.
El proceso, en el que los acusados están imputados de 28 delitos cometidos a una decena de menores que contemplan penas de hasta 20 años de prisión, es el primero de una serie en los que serán juzgados otros exintegrantes del colegio, que ha sido clausurado.
Los otros procesados son dos monjas que supuestamente habrían participado, sabido o consentido los excesos y exdirectores y exempleados de la institución que no hicieron nada al respecto.
Los chicos no sólo habrían sufrido supuestos manoseos y violaciones, sino que habrían sido obligados a ver pornografía y a cometer abusos entre ellos.
Ya hay una condena en el caso. El laico Jorge Bordón, que trabajó como administrativo en el instituto, admitió su culpabilidad en 2018 en un juicio abreviado y fue condenado a 10 años de prisión por violación, tocamiento y corrupción de menores al forzar a chicos a mantener relaciones entre ellos.
El poder que los miembros de la Iglesia católica ejercieron sobre chicos que no podían defenderse por su doble condición de menores y sordos se extinguió para dar paso al que ahora sienten los denunciantes.
Los exalumnos del Próvolo mendocino creen que pueden lograr la primera condena de cárcel para clérigos de esa institución católica que tiene sedes en distintas partes del mundo. También exigen que el papa despoje del estado sacerdotal a los supuestos abusadores en el marco del proceso canónico que se les sigue.
“Francisco estuvo muy callado respecto de los curas abusadores, pero ahora llega la condena… Sé que el papa tiene miedo porque los sordos hemos sido valientes”, afirmó Villalonga.
La Santa Sede no ha hecho comentarios sobre el caso. Es reacia a interferir en un juicio penal y usualmente difiere todos los comentarios, así como los resultados de sus propias investigaciones, hasta después de que se hayan completado las pesquisas penales.
El Vaticano envió en 2017 a dos sacerdotes argentinos a investigar lo ocurrido en Mendoza. El vicario judicial Dante Simón, uno de esos responsables, dijo a la AP que los hechos denunciados son “horribles” y “más que verosímiles”.
En un informe que elevó en junio de ese año al Vaticano, Simón pidió la aplicación de la máxima pena para Corradi y Corbacho, es decir, “que sean dimitidos directamente por el Santo Padre”. El informe debe ser revisado por la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Simón señaló que se reunió poco después con el pontífice, quien le expresó que “estaba muy preocupado por esta situación y que se iba a obrar”.
El caso golpea las puertas del Vaticano, que habría desoído las advertencias de las supuestas víctimas italianas de Corradi, cuando el papa ha promulgado nuevas normas para combatir el abuso en la Iglesia.
El sacerdote italiano fue señalado por delitos similares supuestamente cometidos desde la década de 1950 en el instituto de Verona. Su nombre apareció en una carta dirigida al papa en 2014 en la que las supuestas víctimas italianas mencionaron a varios presuntos curas abusadores que seguían ejerciendo el ministerio y en la que le hacían notar que Corradi y otros tres sacerdotes estaban en Argentina, su tierra natal.
“Han pasado dos años y medio y Francisco no ha pronunciado una sola palabra a los sobrevivientes del Próvolo en Mendoza”, dijo a AP Paola González, cuya hija de 16 años también fue supuestamente abusada en el centro católico.
Según la investigación, los agresores presuntamente se cebaban con los menores que pernoctaban en los albergues del instituto, varios de los cuales procedían de provincias cercanas.
“Uno declaró que había sido abusado, atado con cadenas; otro habló de precintos. Encontramos profilácticos y pastillas anticonceptivas” en los allanamientos realizados en el Próvolo de Mendoza, dijo a la AP el fiscal Gustavo Stroppiana.
Los delitos presuntamente ocurrieron en los dormitorios de los dos sacerdotes, en los de los niños, en un altillo y en una pequeña capilla identificada como la Casa de Dios, donde los niños tomaban la primera comunión.
Los testimonios de los denunciantes fueron considerados muy verídicos y avalados por distintos elementos encontrados en los allanamientos.
De acuerdo con la fiscalía, los menores _de escasos recursos económicos_ no se atrevían a denunciar los vejámenes porque eran amenazados con la expulsión o con que sus padres irían presos. Además su capacidad de comunicación era cercenada porque en el colegio no se les enseñaba el lenguaje de señas.
La justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó recientemente la detención de Corradi por presuntos abusos cometidos en el Instituto Próvolo de la ciudad de La Plata, a unos 70 kilómetros de la capital. A ese centro fue a parar el sacerdote _se cree que en la década de 1980_ cuando fue trasladado desde Verona y luego destinado a Mendoza en la década de 1990.
Familiares de las supuestas víctimas apuntaron que los traslados de Corradi obedecerían a la reiterada práctica de la Iglesia de cambiar de un lugar a otro a los curas denunciados.
Para Stroppiana el juicio es importante porque podría determinar “la mecánica y sistematicidad” de los supuestos abusos que habrían ocurrido en el instituto de Mendoza y en el de La Plata.
Muchos en Argentina se preguntan por qué Francisco no removió a Corradi como autoridad del Próvolo de Mendoza tras ser advertido sobre las denuncias en su contra en Verona.
El nombre del cura apareció públicamente en 2009 cuando 67 sordos dijeron haber sido abusados en el instituto veronés por 24 curas, laicos y hermanos religiosos y especificaron que en ese entonces el sacerdote italiano estaba en Argentina. La lista de los supuestos abusadores fue publicada en internet.
Su nombre apareció de nuevo en una carta dirigida al papa en 2014 en la que reiteraron el potencial peligro para los menores que implicaba la presencia del clérigo.
La diócesis de Verona sancionó a cuatro de los 24 acusados, entre los que no estaba Corradi. En ningún caso hubo un proceso penal porque el delito ya había prescrito.
Al salir al paso de las críticas de los familiares de los sordos, el Arzobispado de Mendoza sostuvo que desconocía los antecedentes del cura italiano cuando llegó a la provincia y que el sacerdote no dependía de esa institución sino de una congregación religiosa con sede en Italia de derecho pontificio.
Antes del juicio expresó “su solidaridad y cercanía” con los denunciantes y consideró que se deben establecer “las responsabilidades y las sanciones que correspondan”.
Anne Barret Doyle, codirectora de BishopAccountability.org, dijo a la AP que no espera una respuesta del Vaticano y del papa. “Francisco seguirá fingiendo que no tiene responsabilidad por las atrocidades en Mendoza. Si él responde, será una declaración formal sobre su compromiso de terminar con el abuso sexual infantil en la Iglesia”.
Agregó que cuando los delitos en la escuela de Verona se conocieron mundialmente en 2009, el papa era presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y “podría haber ordenado una investigación de las escuelas de Mendoza y La Plata”.
Y ciertamente como papa podría hacer actuado hace años. Fue notificado por las víctimas de Verona sobre la presencia de Corradi en Argentina”, afirmó Barret Doyle.
“El papa nos ha ignorado, a los sordos nos tomaron como tontos”, se lamentó Villalonga, quien espera que una condena logre devolverle la calma.
