Usando un chilenismo, el informe de CEPAL revela que simplemente no hay «tiempos mejores» para el continente latinoamericano y por ende para Chile. Lo anterior marcado por los conflictos comerciales y tecnológicos, el debilitamiento de la cooperación internacional y la resistencia de la desigualdad impedirán el cumplimiento de los objetivos de la Agenda de Desarrollo de Naciones Unidas para 2030, advirtió este jueves la secretaria general de Cepal, Alicia Bárcena.
«El mundo actual es muy distinto, más difícil y más complejo que en 2015, cuando se aprobaron los objetivos de desarrollo para 2030», advirtió la máxima responsable de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), que analiza en Santiago con los países de la región el avance de dicha agenda, un conjunto de 17 objetivos y 169 metas de tipo económico, social y ambiental.
Bárcena adelantó en una conferencia de prensa que metas como el acceso de la población mundial al agua de fuentes seguras, la preservación de la biodiversidad, o la limpieza de los océanos «no se podrán cumplir», y se mostró muy pesimista sobre la erradicación de la pobreza y la desigualdad o en la desnutrición, donde incluso ha habido «retrocesos».
El incumplimiento se debe sobre todo al «bajo crecimiento de la región», que «no va a crecer más allá del 1,3% del PIB» este año, y la falta de inversión en la economía productiva, necesaria para generar empleo y riqueza, explicó Bárcena.
«Si lográramos crecer al menos un 3% y bajar la desigualdad cinco décimas porcentuales por año, lograríamos un avance mucho más rápido y lograríamos erradicar la pobreza extrema en todas sus formas», aseveró, antes de propugnar un «nuevo paradigma de desarrollo», en el que prime la cooperación y no tanto la competitividad.
El 40% de la población de América Latina vive en la pobreza y pobreza extrema, según la Cepal, aunque en las zonas rurales e indígenas estas estadísticas aumentan hasta en un 20%.
La Cepal dijo que analiza también el costo de un «ingreso básico ciudadano», focalizado en los jóvenes, y en particular en las mujeres, para garantizar su autonomía y tiempo para estudiar, en la línea de otros programas de transferencias condicionadas, como Bolsa familia o Familias en acción, que supuso el 0,33% del PIB y llegó a 20 millones de familias.
«El ingreso básico ciudadano, focalizado -no universal porque no alcanza -, es una oportunidad. Evaluaremos en el futuro si eso funciona o no», dijo, agregando que los programas de inclusión social cuestan 0,45% del PIB, mientras que la evasión fiscal alcanza al 6,3% del PIB.
