La UDI se reunió este lunes con el Gobierno para solicitarle su patrocinio al proyecto de ley que sus parlamentarios ingresarán esta jornada y que apunta a extender la pérdida del beneficio de la gratuidad a los estudiantes universitarios que sean condenados por cometer delitos graves en el país.
Fue así como esta mañana llegaron hasta La Moneda el presidente del gremialismo, Guillermo Ramírez, acompañado por el titular de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Sergio Bobadilla, junto a los parlamentarios Ricardo Neumann, Mario Olavarría, Jaime Coloma y Eduardo Cretton, quienes se reunieron con la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo.
La iniciativa surgió tras la agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral en Valdivia la semana pasada, y se enmarca con el proyecto "Escuelas Protegidas" que el Ejecutivo ingresó la semana pasada, el cual recogió una histórica propuesta de la UDI para justamente prohibir a los secundarios condenados por hechos graves acceder a la gratuidad.
Así, el diputado Bobadilla agradeció "la disposición del Gobierno para acoger la propuesta que hicimos como Bancada UDI, en el sentido de privilegiar el respeto a los derechos humanos de los estudiantes que sí quieren aprender, y no los supuestos derechos de los violentistas que están destruyendo la educación en nuestro país. Y la propuesta que hicimos es muy sencilla: hacer extensiva la prohibición de entregar cualquier beneficio con recursos fiscales a los estudiantes que sean sancionados estando en la educación superior, porque el proyecto original del Ejecutivo sólo considera a la enseñanza media".
Sostuvo luego que el Gobierno "va a incorporar esta propuesta como una indicación o va a patrocinar nuestra iniciativa".
Seguidamente, Ricardo Neumann explicó que "la violencia no puede tener cabida en ningún espacio, y menos en las universidades, que debieran ser lugares de diálogo y formación", indicando que "por eso creemos que este proyecto es una señal clara de que Chile no va a tolerar este tipo de conductas", añadiendo que "estamos hablando de una medida de sentido común".
Sobre los detalles de la iniciativa, los parlamentarios gremialistas explicaron que incorporará una nueva causal de pérdida de la gratuidad, aplicable a aquellos estudiantes universitarios que sean condenados por "delitos graves contra la vida, la integridad de las personas, la propiedad o la infraestructura pública”, en concordancia con el proyecto que ingresó la semana pasada el Ejecutivo.
Además, los parlamentarios gremialistas también anunciaron el envío de distintas indicaciones a dicha iniciativa, entre ellas una que no sólo busca prohibir el acceso a la gratuidad, sino que también a las becas, créditos y otros beneficios sociales con cargo fiscal a los que pueden acceder los estudiantes.