- La organización advierte que la propuesta sobre tarjetas de coordenadas no garantiza accesibilidad ni derechos mínimos para personas mayores y otros consumidores con barreras de acceso, dejando en manos de los bancos decisiones que pueden derivar en exclusión financiera.
La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, manifestó su preocupación frente a la propuesta normativa de la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, sobre la mantención excepcional de tarjetas de coordenadas, advirtiendo que, en su forma actual, deja en manos de los emisores la decisión de quiénes podrán seguir operando y quiénes quedarán excluidos del sistema financiero.
Según ODECU, la norma no configura un estatuto mínimo de protección para personas mayores ni para consumidores con barreras reales de acceso, como dificultades de conectividad, uso de tecnologías o desplazamiento. Por el contrario, se trata de una propuesta débil y excesivamente dependiente de la discrecionalidad de los bancos.
“La CMF no puede conformarse con una regla en que cada emisor decide, según sus propios criterios, quién merece apoyo y quién no. Cuando está en juego el acceso a servicios financieros básicos, la regulación no puede descansar en fórmulas abiertas”, afirmó Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU.
La organización advirtió que el texto en consulta no reconoce derechos mínimos para los clientes. Entre las principales brechas, destaca la ausencia de un derecho explícito a solicitar inclusión en el régimen excepcional, la falta de una respuesta fundada por parte de las entidades financieras y la inexistencia de mecanismos claros de reclamo.
Asimismo, ODECU cuestionó que la propuesta se limite a informar los riesgos de mantener el sistema de tarjetas de coordenadas, sin establecer estándares sobre cómo debe entregarse esa información ni asegurar que sea comprensible y accesible.
“Informar no basta. Es necesario asegurar comprensión real, apoyo efectivo y condiciones que permitan tomar decisiones informadas. De lo contrario, se traslada al consumidor el costo de una migración tecnológica”, señaló Stefan Larenas Riobó.
En esa línea, ODECU advirtió que la transición digital no puede transformarse en un factor de exclusión financiera. Si la autoridad reconoce que existen consumidores para quienes el reemplazo tecnológico no es viable, la excepción debe diseñarse como un derecho regulado, con criterios objetivos y procedimientos claros.
La organización también enfatizó que, si se permitirá mantener excepcionalmente las tarjetas de coordenadas, la norma debe incorporar medidas de seguridad compensatorias, considerando los mayores riesgos asociados a este mecanismo.
Entre las propuestas de mejora, ODECU plantea establecer criterios comunes para definir a los grupos exceptuados, crear un derecho de solicitud y revisión, exigir apoyos para una migración asistida e incorporar métricas públicas que permitan monitorear el impacto de la norma.
Finalmente, ODECU llamó a la CMF a corregir la propuesta. “La inclusión financiera requiere una regulación clara, con enfoque de derechos, que garantice acceso, seguridad y trato digno para todos los consumidores”, concluyó Stefan Larenas Riobó.