El gobierno retiró el veto sustitutivo que la anterior administración presentó el 5 de febrero pasado al proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores.

En ese momento, dicha normativa había terminado su trámite legislativo con la aprobación unánime del Senado y la Cámara de Diputados.

De esta manera, la ley queda lista para su despacho por parte del Senado y continuar los trámites conducentes a su pronta promulgación.

“Estamos destrabando un proceso muy esperado que dio lugar a una ley ampliamente consensuada, pero que fue detenido por el veto, que no tuvo mayores avances por parte del Ejecutivo”, destacó la ministra María Jesús Wulf.

Explicó que “al retirarlo, reforzamos nuestra intención de que la ley se ponga en marcha lo antes posible, con el máximo cuidado, dedicación y control de parte de nuestro Ministerio”.

Anunció que la próxima semana se reunirá con diversas organizaciones sociales vinculadas a las personas mayores, para darles a conocer los alcances de la medida.

“Esta ley también les entrega los medios para que puedan mantenerse activos laboralmente, de acuerdo a sus condiciones particulares, conservando su relacionamiento social y así, combatiendo la sensación de soledad, determinante en su calidad de vida”, planteó.

Protección laboral

El retiro del veto permite mantener los beneficios que tiene la ley en materia de protección laboral y modalidades de trabajo flexible para las personas mayores.

Lo anterior porque reconoce el trabajo, cuando es voluntario y se desarrolla en condiciones adecuadas, no solo es una fuente de ingresos, sino también un espacio de participación, autonomía y sentido.

Asimismo, permite avanzar hacia una legislación que no solo protege derechos, sino que también combate el «edadismo» (discriminación por edad), reconoce el valor social y productivo de las personas mayores y habilita las condiciones para su desarrollo laboral.

15 derechos específicos

La nueva Ley contiene 15 derechos específicos para las personas mayores, entre ellos el derecho a la igualdad y no discriminación arbitraria por razones de edad en la vejez.

A lo anterior se suma el derecho a un trato digno y respetuoso y a la atención preferente, acceso a la justicia, derecho a la independencia y a la autonomía, entre otros.

Asimismo, la normativa resguarda los derechos de las personas mayores con dependencia, al establecer la definición de abandono social y un nuevo procedimiento en la ley de tribunales de familia, entre otras.