El Gobierno dispuso a los servicios públicos que remitan en un plazo de 17 días la información sobre el uso de los recursos fiscales entre el año 2025 y el 11 de marzo de 2026, dando inicio así a la revisión del estado en que se reciben las cuentas públicas, que incluirá progresivamente los años previos del anterior Gobierno.
Ello se informó en la primera sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, el cual se constituyó este viernes en La Moneda, y que es presidida por la subsecretaria General de la Presidencia, Constanza Castillo, e integrada por los subsecretarios del Interior, Máximo Pavez; de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, el director de Presupuestos, Juan Pablo Gómez y el representante del Gabinete Presidencial, Francisco Riveros.
La medida, enmarcada en el programa de campaña del Presidente José Antonio Kast, tiene por objetivo conducir y agilizar el proceso de inspección interna para generar un informe claro de la situación actual del Estado.
Sobre ello, la subsecretaria Castillo explicó que «el Presidente José Antonio Kast nos ha solicitado conocer el estado real de la nación. Estamos trabajando con rapidez y con transparencia de cara a la ciudadanía. El buen uso de los recursos público es una prioridad de este gobierno. Para eso ya hemos tomado las primeras acciones e instrucciones. Toda la información que estamos solicitando a los servicios públicos, será procesada por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG). Ese consejo deberá presentarnos los primeros hallazgos el 10 de abril«.
Cronograma
La instancia señaló que el proceso contempla una entrega progresiva de información histórica: Entre el 6 y el 16 de abril se deberá remitir la información correspondiente a 2024; entre el 17 y el 27 de abril, la del año 2023; y entre el 28 de abril y el 6 de mayo, la correspondiente a 2022.
Asimismo, se priorizará cinco áreas clave de análisis de información: transferencias y convenios, compras públicas, contratos de relevancia fiscal, gestión de personas y ejecución presupuestaria, con el objetivo de revisar cómo se utilizan los recursos públicos y fortalecer los estándares de transparencia y control del Estado.
