Que un gobierno de derecha, que está por asumir en las próximas semanas, excluya a sus propios profesionales expertos en salud pública, con experiencia en el Estado, dejándolos fuera de los principales cargos del ministerio es más que una paradoja: es un síntoma de desorientación política en medio de la peor crisis del sistema en décadas.
En lugar de convertir la conducción del sector en un espacio amplio, capaz de articular a sus propias corrientes y parte de la oposición, el equipo presidencial opta por un diseño endogámico, que habla para un grupo reducido y deja fuera a actores con experiencia real en gestión.
La primera consecuencia es la erosión de la gobernabilidad que ya se da dentro del propio campo oficialista. Al marginar liderazgos y equipos técnicos que han trabajado por años en propuestas para reducir listas de espera, ordenar el sistema mixto y fortalecer la atención primaria, el gobierno entrante no solo pierde capital experto, también alimenta fracturas internas que se expresarán en el Congreso y en los gremios.
En este escenario, una ministra que llega sin respaldo sólido en los mundos que dice representar, llega debilitada, alimentando las dudas sobre su arribo y fortalece la opinión que solo obedece a un compromiso mayor.
La segunda consecuencia es la pérdida de pluralidad técnica dentro de la misma centroderecha o las derechas. El sector ha desarrollado miradas diversas: algunas más pro mercado, otras más socialcristianas, otras más centradas en gestión pública moderna.
Al privilegiar una sola sensibilidad, se empobrece el repertorio de soluciones disponibles justo cuando se requiere combinar eficiencia, regulación y protección social. No es la izquierda la que se fortalece con esa decisión: es la inercia.
La tercera consecuencia es comunicacional y simbólica.
Un gobierno que en campaña prometió ordenar el sistema, enfrentar con claridad y sentido de urgencia las listas de espera, dar certezas al mundo asegurador y prestador, envía una señal de improvisación cuando arma equipos sin anclaje nítido en las propuestas que levantó ante la ciudadanía.
La ciudadanía percibe la disonancia: se ofreció firmeza y claridad, pero se nombra a autoridades que parecen más preocupadas de no incomodar a nadie que de empujar cambios difíciles.
En la práctica, la exclusión de los profesionales de la salud, experimentados en gestión pública, con que cuentan las derechas en un gobierno de derecha no castiga a los excluidos, sino golpea a los pacientes. Significa menos capacidad de construir acuerdos legislativos, menos músculo técnico para ejecutar planes agresivos y más riesgo de que el Ministerio se convierta en un espacio de administración del statu quo.
Si el gobierno quiere realmente conducir la salida de la crisis, tendrá que corregir el rumbo: abrir la puerta a su propia diversidad interna y entender que, en salud, gobernar entre convencidos es la mejor receta para seguir administrando, no solucionando, la catástrofe.
La Salud Pública también ha sido una bandera de lucha de las derechas y parece que hoy le han arriado su bandera.
