El Gobierno de Estados Unidos anunció esta mañana que impuso sanciones a tres funcionarios del Gobierno chileno por acciones «que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio», aunque sin entregar nombres, cuestionando además el legado que dejará la actual administración encabezada por el Presidente Gabriel Boric.

La medida se dio a conocer mediante una declaración de prensa del Departamento de Estado de EE.UU. firmada por el secretario de Estado Marco Rubio.

En ella se señala que «Estados Unidos está decidido a contrarrestar los intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía».

Agrega a continuación que «hoy, el Departamento de Estado anuncia que ha tomado medidas para imponer restricciones de visado a tres funcionarios del Gobierno chileno que, a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio».

Frente a ello, se determinó que «estos individuos y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos, y se les han revocado todos los visados estadounidenses que poseían».

«Estas medidas reafirman el compromiso del presidente Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región. Continuamos promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos chilenos que trabajan intencionadamente para desestabilizar nuestro hemisferio«.

Duras críticas al actual Gobierno

Seguida y preocupantemente, la declaración sostiene que «en su ocaso, el legado del Gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, del pueblo chileno. Esperamos con interés avanzar en las prioridades comunes, incluidas las que refuerzan la seguridad en nuestro hemisferio, con la próxima Administración Kast».

Concluye subrayando que «continuamos utilizando todas las herramientas disponibles para promover la seguridad y la protección de nuestra región», aludiendo que «estas medidas se adoptan de conformidad con el artículo 212(a)(3)(C) y el artículo 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad».