Una inesperada y creciente crisis parece estar viviendo el Programa Antártico Argentino, en medio del traspaso de la administración de las bases antárticas desde la Dirección Nacional del Antártico (DNA), dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Comando Conjunto Antártico (Cocoantar).
Fuentes de la Cancillería trasandina habrían reconocido al medio periodístico La Política Online (LPO) que existe preocupación por las condiciones de trabajo en la Antártida y la insistencia del gobierno por trasladar las bases logísticas y científicas a la orbita de la ministerio de Defensa, señalándose que, en medio del traspaso, «puertas adentro la situación logística y operativa del Programa Antártico Argentino atraviesa la peor crisis en décadas«.
En declaraciones recogidas por LPO, se advierte que «este impulso acelerado parece responder al desguace progresivo de la DNA, a la transferencia de su presupuesto y a la apropiación de sus bienes, un escenario que deja a la política antártica argentina al borde de una militarización de hecho y a la comunidad científica sin la protección institucional«, todo ello en medio de un proceso que parece acumular resistencias internas porque las cláusulas del traspaso no están cerradas, hay desacuerdos técnicos y legales, y existen puntos esenciales que ni siquiera fueron debatidos.
«El foco de los cuestionamientos de esta situación está en la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur bajo la conducción de Paola Di Chiaro y sus asesores, los militares retirados como Edgar Calandín y Máximo Pérez León Barreto que articulan con un Cocoantar que afirman que está desfinanciado», se asegura en el medio periodístico.
Incómoda militarización argentina de la Antártica
Por otra parte, la incomodidad parece reinar al interior de las Fuerzas Armadas argentinas con el giro del gobierno de militarizar la Antártida.
«Además de jugar al límite con la violación del Tratado Antártico que Argentina tiene con Chile y prohíbe militarizar la zona, el personal militar denuncia sobrecargas operativas, falta de medios, irregularidades en los procesos de licitación para las compras y el progresivo vaciamiento de la obra social IOSFA, cuya crisis impacta directamente en miles de suboficiales y sus familias», detalla LPO.
Un fuente militar trasandina cercana al tema explica al medio, por otra parte, que «este debilitamiento estructural desmiente cualquier narrativa de eficiencia y pone en duda la viabilidad real de asumir la administración total de las instalaciones antárticas, más aún si se considera el estado de abandono de bases actualmente dependientes del Cocoantar que no se operan desde hace años, como Melchior y Matienzo, así como la marcada decadencia de los refugios antárticos que hoy se encuentran bajo su órbita administrativa«.
Falencias e incidentes
En paralelo, remarcan, durante «la actual Campaña Antártica, la capacidad logística real del Cocoantar quedó reducida a un mínimo histórico. En el plano naval, solo el rompehielos ARA Almirante Irízar se encuentra operativo, luego de que el aviso de apoyo originalmente propuesto no superara la prueba de máquinas«.
«A ello se sumó la ausencia de embarcaciones menores u otros medios para el traslado de personal científico entre las Bases Frei y Carlini, dejando a los equipos sin alternativas operativas. Incluso los intentos de cooperación internacional, incluidos contactos con Chile y Corea, se diluyeron en desentendimientos y cruces internos, sin alcanzar soluciones concretas», añaden.
Se enumera también la imposibilidad de la Fuerza Aérea Argentina de cubrir los movimientos aéreos previstos, producto tanto de la falta de medios operativos como del deterioro de la infraestructura crítica. A las fallas mecánicas graves, como la detención de un motor de un avión Hércules en vuelo, que obligó a abortar una aproximación a la Base Frei y regresar a Río Grande, se sumó el mal estado de las pistas de Río Grande y de la Base Marambio, con presencia de barro, falta de mantenimiento y condiciones que tornan inseguras las operaciones aéreas.
Lo anterior, se acota, obligó a cancelar apoyos previstos y a suspender cruces, profundizó la reprogramación permanente de vuelos y la ausencia total de previsibilidad, dejando a científicos varados, con pérdida de días de campaña e interrupción de proyectos completos.
Lo que se describe como «colapso operativo» implicó, por tercer año consecutivo, «la cancelación de la Pre Campaña Antártica de Verano (PRECAV), generando además un enorme malestar y una creciente preocupación por el desarrollo de la Campaña Antártica 2025/2026 que al día de hoy está demorada con vuelos postergados desde diciembre«.
Una de las fuentes consultadas por LPO afirma que «en ninguno de estos episodios hubo respuestas públicas ni conducción visible por parte de las autoridades. Dejaron expuestos a los jefes de grupo del Instituto Antártico Argentino, quienes debieron absorber reclamos, improvisar soluciones y gestionar problemas operativos ajenos a sus responsabilidades».
En este marco, como adelantó LPO, hay que sumar el despiste del avión adquirido por la empresa Mirgor de Nicolás «Nicky» Caputo. Un Almirante dijo al medio periodístico que «fue presentado como una solución para reforzar la logística antártica, terminó en un papelón público que expuso los riesgos de delegar funciones estratégicas del Estado en esquemas privados sin control efectivo, seguridad ni respaldo operativo».
Plan Anual Antártico sin aprobación
En este escenario complejo, el que aún no se haya aprobado el Plan Anual Antártico, instrumento central de planificación, respaldo operativo y sustento legal del Programa Antártico Argentino, por parte de la Secretaría de Malvinas desde el mes de julio, parece complicar aún más las cosas.
Por ello, se hace especial hincapié en que «esta parálisis administrativa priva a la DNA de una herramienta indispensable para cumplir compromisos internacionales asumidos, ejecutar acciones operativas y garantizar la continuidad de proyectos científicos».
Diplomáticos de carrera, al tanto de esta situación, comentan además que este panorama se profundiza con «una ofensiva concreta contra los trabajadores de la DNA y del IAA: quitas de funciones, presiones, maltrato laboral e intentos de trasladar atribuciones médicas y administrativas hacia el ámbito militar y otras áreas de Cancillería«.
Asimismo, plantean que «todo esto fue advertido por los canales de comunicación de la Cancillería y advertimos que estas exigencias quedarían sujetas a criterios discrecionales del ámbito militar, habilitando que sea esa estructura la que determine quiénes viajan y quiénes no a la Antártida», haciéndose hincapié en que todo ello ocurre «mientras se omiten antecedentes documentados de evacuaciones de emergencia, accidentes fatales y problemáticas psicológicas registradas en campañas bajo gestión militar, en contextos donde la prevención resultó deficiente«.
Por último, un importante diplomático preocupado dijo a LPO que «en este contexto caótico, desfinanciado y sin conducción clara, el intento de traspasar la administración de las bases no solo resulta inoportuno: es peligrosamente irresponsable. Refuerza la presencia militar, afecta la continuidad científica, pone en riesgo la integridad de las dotaciones y compromete los compromisos internacionales asumidos por la Argentina».
Concluyen señalando que, «al relegar a la ciencia y avanzar hacia una militarización de facto del programa antártico nacional, el país debilita el principal sustento de su presencia en el continente: la producción científica. Este debilitamiento resulta especialmente sensible en un escenario internacional que volverá a poner el foco sobre la Antártida, con inspecciones previstas como las anunciadas por Estados Unidos y con la renovación del Tratado Antártico en el horizonte«.
