Los diputados de oposición integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara, difundieron una declaración pública en la que criticaron duramente al Gobierno por la forma en que está llevando adelante la tramitación del proyecto de ley de reajuste del sector público.
En la declaración, firmada por los diputados Felipe Donoso (UDI), Frank Sauerbaum (RN), Miguel Mellado (RN), Agustín Romero (Rep) y Gastón von Mühlenbrock (UDI), expresaron su «más absoluto rechazo a la forma en que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y su actual ministro de Hacienda, Sr. Nicolás Grau, han presentado ante Parlamento el proyecto de ley de reajuste del sector público correspondiente al año 2026″.
En ese contexto, manifestaron su rechazo categórico a «que en esta ley se incorporen múltiples materias que no corresponden a un proyecto de esta naturaleza, incluyendo un conjunto de disposiciones que responden más bien a las presiones ejercidas por las organizaciones sindicales, las que debieran ser discutidas en forma separada y con el debido análisis técnico y financiero».
«Impropia y deshonesta»
«Esta impropia y deshonesta forma de legislar sólo puede explicarse por dos razones: la falta de voluntad del Gobierno para enfrentar dichas presiones o una convicción profunda e ideológica de expandir el Estado sin responsabilidad fiscal ni una planificación adecuada«, recalcaron.
Los parlamentarios acusaron en la declaración al Ejecutivo de «falta de transparencia absoluta respecto del real financiamiento y el impacto económico de esta ley, así como el evidente desconocimiento del ministro Grau sobre cómo se solventarán todos los gastos».
En ese sentido, afirmaron que «se ha advertido en reiteradas oportunidades que las finanzas públicas de nuestro país han sido sobreestimadas por la actual administración. Pese a ello, se insiste en avanzar con un reajuste que no cuenta con un respaldo financiero claro, responsable ni transparente«.
Reajuste «desfinanciado»
«Considerando que esta falta de rigurosidad ha sido advertida durante meses, hoy tenemos el legítimo derecho a presumir que la intención del Gobierno sería traspasar un reajuste desfinanciado, de tal manera que el costo político y fiscal sea asumido por la próxima administración, constituyendo un acto de grave irresponsabilidad y de mala fe democrática», recalcaron.
Por todo ello, señalaron que es «indispensable que organismos técnicos e independientes, como la Contraloría General de la República (CGR) y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), puedan exponer ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para así evaluar la viabilidad y sostenibilidad fiscal de este proyecto«.
«No vamos a permitir que las autoridades sigan experimentando, improvisando y adoptando decisiones ideológicas que comprometan la estabilidad de las finanzas públicas del país», concluyeron.
