Este lunes ingresó a trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de reforma constitucional que incorpora a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Esta iniciativa que busca fortalecer el combate al crimen organizado al interior de las cárceles y reforzar la seguridad de los recintos penitenciarios.
Con este proyecto, Gendarmería pasará a depender del Ministerio de Seguridad Pública, al igual que Carabineros y la PDI, instituciones que el Artículo 101 de la Constitución dice que son “esencialmente obedientes y no deliberantes”, además de “profesionales, jerarquizadas y disciplinadas”.
Va en conjunto de reformas legales
Esta iniciativa va en línea con un conjunto de reformas legales impulsadas en los últimos años, orientadas a equiparar progresivamente el tratamiento normativo de Gendarmería al de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Ello ha implicado, entre otros aspectos, fortalecer su integración en el sistema de justicia penal; robustecer su estatuto de protección, garantizando condiciones equivalentes frente a riesgos inherentes al ejercicio de sus funciones.
Además de ampliar las garantías para el uso racional de la fuerza; y consolidar su participación en instancias de coordinación interinstitucional en materia de seguridad, como el Sistema de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Separar funciones
Asimismo, se busca separar las funciones de seguridad penitenciaria de aquellas relativas a reinserción social, para lo cual se establece un plazo de 12 meses contados desde la publicación de la reforma constitucional.
La idea es que el Presidente de la República envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social.
El ministro de Seguridad, Luis Cordero, dijo que resulta “indispensable para fortalecer la seguridad pública y enfrentar la corrupción en el sistema penitenciario”.
el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, agregó que “esta es una reforma urgente y necesaria para el país, que va en la dirección de fortalecer la institucionalidad del Estado en materia de seguridad pública, de combate al crimen organizado y anticorrupción”.
