La Contraloría detectó que en 2025 se identificaron 35 casos de personas con prohibición absoluta para trabajar con menores de edad desempeñando funciones en instituciones públicas.

Lo anterior implicó una relación directa y habitual con niños, niñas o adolescentes incumpliendo la normativa vigente y comprometiendo la protección de derechos fundamentales.

Detectó que entre 2020 y agosto de 2025, 164 casos de personas inhabilitadas para trabajar con menores ejercieron cargos con contacto directo y habitual con estos.

En total, 72 instituciones del Estado contrataron personas inhabilitadas.

La normativa del Código Penal establece inhabilitación absoluta, perpetua o temporal para quienes han sido condenados por delitos sexuales contra menores.

Esto obliga que las instituciones deben verificar mediante el Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones antes de cualquier contratación.

Ante estos antecedentes, la CGR instruyó a las entidades involucradas dar inmediato cumplimiento a la normativa.

Además, iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes y reportar las acciones en un plazo máximo de cinco días hábiles.