- Recientemente, en el marco del proyecto de ley que modifica la Ley de Copropiedad Inmobiliaria N°21.442, actualmente en trámite en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, CGAI fue invitado a exponer y aportar la visión del gremio frente a las propuestas de modificación contenidas en la iniciativa legal.
El proyecto contempla una serie de ajustes, en materia de viviendas sociales, modificaciones de alcance general y referentes a las responsabilidades de los administradores de condominios.
Entre los puntos abordados, se discutió la propuesta de disminuir las sanciones a los residentes morosos, estableciendo como recargo máximo únicamente el reajuste por IPC. Al respecto, Juan Carlos Latorre, Presidente de CGAI, advirtió que dicha medida no constituye un mecanismo efectivo de apremio, pues solo permite mantener la deuda en su valor presente. Agregó que las deudas por gastos comunes deberían reajustarse según el IPC y sobre ello aplicar las tasas señaladas en la ley.
Asimismo, CGAI propuso incorporar en la normativa la prohibición de integrar el Comité de Administración a copropietarios que hayan mantenido deudas durante el período o que hayan contravenido disposiciones de la Ley de Copropiedad o del respectivo Reglamento. Esta propuesta fue bien recibida por los parlamentarios, aunque se señaló que requerirá ajustes y precisiones técnicas.
También se abordó la nueva sanción que el proyecto busca imponer a los administradores en caso de no rendir cuentas mensualmente. Al respecto, Latorre recalcó que la rendición de cuentas constituye la esencia del proceso mensual de cobro de gastos comunes y que un administrador que no cumple con esta obligación básica no ejerce adecuadamente su función. Añadió que incorporar sanciones adicionales termina castigando injustamente a los administradores profesionales que cumplen con la ley, debido a la conducta de unos pocos denominados “administradores de ocasión”.
CGAI enfatizó la necesidad de definir qué se entiende por rendición de cuentas, para evitar interpretaciones arbitrarias por parte de los comuneros, agregando que los actuales sistemas de administración y contabilidad cumplen con este objetivo, por lo que la exigencia no debiera ir más allá de la cuenta mensual de gastos comunes, conocida por la mayoría de las comunidades.
Finalmente, el Colegio recalcó la necesidad de exigir acreditación de conocimientos a toda persona natural o jurídica que ejerza funciones de administración de manera gratuita, estableciendo como requisito la realización de cursos sobre la materia al momento de inscribirse en el Registro de Administradores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).
Tras la exposición, los diputados de la Comisión valoraron la sólida defensa de los administradores realizada por CGAI, señalando que el espíritu de las modificaciones no apunta a castigar a los administradores, sino a asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones que establece la ley.
Latorre precisó que CGAI cuenta con un amplio paquete de propuestas y mejoras para perfeccionar la normativa vigente, pero como la dinámica de las sesiones de la Comisión de Vivienda sólo permite formular observaciones acotadas al proyecto en discusión, sostendrá reuniones con el MINVU para plantear estas mejoras. Además, indicó que el Colegio está tomando contacto con los posibles integrantes del MINVU para el próximo período presidencial, a fin de presentar e integrar sus propuestas a quienes asuman la conducción de esta área estratégica.
