Por: Sebastián Rivera Yáñez – Seremi de Hacienda Región Biobío.
Como Gobierno hemos insistido en el Secreto Bancario de forma administrativa como herramienta que pueda permitir, a través de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), requerir información sin ser necesaria la autorización de los tribunales. Actualmente para requerir información a través de secreto bancario la UAF debe pedir autorización a la Corte de Apelaciones de la jurisdicción donde se investiga el ilícito.
La indicación es parte del proyecto de Ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica del Estado en donde se amplía los dos objetivos actuales de análisis de la UAF – lavado de activos y el financiamiento del terrorismo- al agregar la batalla contra el crimen organizado.
La propuesta de Gobierno también considera una norma de publicidad sobre el ejercicio de esta atribución, que impone la obligación a la UAF de informar el número de veces que fue ejercida en la atribución sobre Secreto Bancario de forma administrativa. Informar la cantidad de personas cuya información se accedió, el tipo de procedimiento aplicado (autorización judicial general, masiva o levantamiento administrativo) y en el último caso, la causa invocada (Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de bancos, de funcionarios públicos o personas jurídicas) con el número de personas cuya información bancaria fue incorporada en el último informe remitido al Ministerio Público. Con el resguardo debido de los datos personales según normativa vigente. Porque la información obtenida mediante el procedimiento de alzamiento directo tendrá carácter de secreta, y solo podrá ser utilizada para los fines del análisis correspondiente.
La propuesta de Gobierno para levantar el secreto bancario con sede administrativa coincide con la experiencia comparada de otros países para analizar inteligencia económica y prevenir actividades relacionadas con el crimen organizado. El avance de las redes financieras del crimen organizado a nivel mundial empezará hacer que contar o no con las posibilidades de aplicar en forma expedita este tipo de herramientas de investigación haga la diferencia para que los inversionistas decidan donde instalarse. La Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, ha enfatizado que los ciudadanos que estén ajenos al quehacer de estas bandas delictuales no tienen de qué preocuparse, porque la UAF nunca accederá a su información bancaria.
El objetivo del proyecto de Ley es perseguir la ruta del dinero proveniente del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado. Esto se logra a través de métodos de análisis de datos, trazabilidad de operaciones, ampliación de rubros obligados a informar y la inter-operatividad de unidades especializadas de los organismos que conforman el Subsistema de Inteligencia Económica: UAF, SII Y Servicio Nacional de Aduanas.
En el contexto actual, en tiempos donde existen distintas plataformas web para transferir dinero con éxito desde un celular en menos de 10 minutos a cualquier persona, es importante detectar de forma rápida y eficaz los movimientos bancarios ligados a ilícitos.
