Este miércoles se firmó el acuerdo que pone término a las negociaciones entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, tras la oficialización de Ministerio de Hacienda en horas de la madrugada de esta jornada.

El acuerdo incluye un reajuste gradual de las remuneraciones hasta el 3,4%, los cuales en caso de remuneraciones mínimas y bonos para trabajadores de menores ingresos, el ajuste será de 5%.

Sin embargo, la firma no fue unánime entre los gremios del sector público. Solo 10 de las 16 asociaciones negociantes aprobaron el acuerdo, siendo el Colegio de Profesores y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) los más críticos.

Gobierno conforme

«Para nosotros como gobierno, es muy significativo llegar a este acuerdo por distintas razones. Primero, porque creemos que el acuerdo expresa avance en distintas dimensiones que son de especial relevancia  para el trabajo del sector público», valoró el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

«Un acuerdo de esta naturaleza da cuenta de cómo entendemos la democracia, una democracia donde los avances, proyectos de ley se construyen con los actores sociales organizados», complementó.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Giorgio Boccardo, valoró también el acuerdo que alcanzaron e indicó que «es un entendimiento que busca equilibrar, por un lado, las demandas económicas de las y los trabajadores del Estado».

«Por otro, resguardar dos aspectos esenciales: un empleo público de calidad y el pleno ejercicio de los derechos sindicales«, agregó el secretario de Estado.

Críticas contra el acuerdo

A pesar del acuerdo, desde e por  ejemplo, no participaron del acuerdo final con el Ejecutivo.

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, reiteró que exigieron como base el IPC, pero acusó que la oferta del gobierno era un reajuste del 2% en diciembre y el 1,4$ de junio del 2026.

«Hay ciertos principios básicos que no puedes soslayar», cuestionó el dirigente en un video, señalando que «o se mantiene el poder adquisitivo, que es una negociación ‘ahí nomás’ o se aumenta a través de una ganancia y un reajuste real sobre el IPC. Eso no ocurrió», complementó.

Por ello, la entidad no participó en la firma del acuerdo.

También se restó la ANEF, que calificó de «insuficiente la última propuesta del Ejecutivo en materia de guarismo y bono de fin de conflicto», declarando «que no firmarán el protocolo de acuerdo; proyectando al mismo tiempo una participación activa durante la discusión legislativa del proyecto de ley de reajuste».

“En lo que no tenemos acuerdo, y asumiendo el mandato que tenemos, es a perder nuestro poder adquisitivo, considerando que el IPC acumulado es de 3,4%. Esto nos deja en un estancamiento y es regresivo. Esto no se termina para nosotros porque estaremos en el debate en el Congreso, ejerciendo nuestra labor sindical. Sobre todo, mirando al próximo gobierno que asume en marzo del próximo año”, sentenció el presidente de la Agrupación, José Pérez Debelli.

Justamente, tras la firma del acuerdo, se espera que en los próximos días se envíe al Congreso el proyecto de ley con este reajuste, para realizar un cálculo más ajustado.