El Gobierno anunció oficialmente la expropiación de 100 de las 215 hectáreas de terreno donde se asienta la megatoma de San Antonio, para llevar adelante un gran proyecto para dar solución habitacional para las familias residentes, haciendo hincapié en que el precio pedido por los dueños es «exorbitante» y muy por sobre el valor de mercado.
Actualmente, en el terreno emplazado en Cerro Centinela residen unas 4 mil familias, esto es, alrededor de 10 mil personas, de las cuales 3 mil son menores de edad.
El plan del Gobierno consiste en dos fases. La primera de ellas refiere a cumplir con el desalojo, comenzando por las áreas que no están contempladas en las hectáreas a expropiar, y sobre lo cual la municipalidad de San Antonio deberá disponer de albergues para las familias.
La segunda etapa corresponde a la expropiación propiamente tal.
Precio excesivo de terreno
Durante el punto de prensa en La Moneda, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, explicó que el Gobierno dio cuenta de que intentó llegar a un acuerdo de compra con los propietarios del predio, por medio de una comisión técnica que trabajo por seis meses. No obstante, reparó que «el precio solicitado estaba sobre el precio del mercado«.
«Estamos hablando de cuatro mil familias en donde hay más de tres mil niños. Por esta realidad tan particular que no existe en ninguna otra parte del territorio nacional, es que un desalojo de estas dimensiones sin un plan integral que lo acompañe podrá generar una grave crisis humanitaria, afectando el funcionamiento de una ciudad entera y poniendo en riesgo a muchas personas», explicó el titular del MINVU.
Sobre el intento de compra negociado durante los últimos dos años, Montes recordó que «lamentablemente esas conversaciones no han generado un acuerdo con los dueños, debido al precio, a nuestro juicio, exorbitante del metro cuadrado que exigieron en la negociación. Llegado a este punto hemos tomado la decisión de impulsar un proyecto habitacional».
«El Estado adquirirá el terreno y los pobladores -organizados en unas 40 cooperativas-, colaborarán en el financiamiento de la urbanización, manteniendo el principio de corresponsabilidad. Ellos ya tienen, las familias ya tienen una parte de este ahorro acumulado», añadió.
Expropiación
Por su parte, el titular de Interior, Álvaro Elizalde, reiteró que debido a que «el precio solicitado estaba por sobre el precio de mercado, se ha tomado la decisión de utilizar esta herramienta en confiere nuestro ordenamiento jurídico, y que ha sido utilizado por muchos gobiernos para resolver desafíos y problemas en materia de necesidades sociales».
Junto a lo anterior, recordó «que en los últimos años se ha utilizado esta herramienta en 258 decretos emitidos que aprueban distintos programas de expropiación», de los cuales 135 se efectuaron en la anterior administración de Sebastián Piñera, y 123 en el actual Gobierno.
«Sentido humanitario»
Por su parte, la ministra vocera Camila Vallejo aseguró que «nos mandata, obviamente, el Presidente de la República a tener sentido humanitario. Estamos hablando de deberes legales, deberes constitucionales, herramientas legales, herramientas constitucionales, pero también el sentido de personas, de niños y de niñas».
«Hemos visto el drama que significa los desalojos, y por eso tenemos que ser muy responsables, actuar con decisión, y la decisión está tomada en un sentido de responsabilidad total y absoluta», concluyó la titular de la Segegob.
