La Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) manifestó su duro rechazo ante el anuncio del Presidente Gabriel Boric de llevar adelante una profunda reforma a Gendarmería de Chile, dado a conocer tras la «Operación Apocalipsis», el cual permitió desbaratar una extensa red de corrupción al interior de los recintos penitenciarios Santiago 1 y San Joaquín y que dejó hasta ahora más de 60 detenidos, entre ellas 44 funcionarios de Gendarmería.

Tras darse a conocer este operativo, desde el Gobierno se dio a conocer el envío al Congreso de una reforma constitucional destinada a separar las funciones de seguridad pública y reinserción social.

Según explicó el Mandatario, Gendarmería pasaría a depender del Ministerio de Seguridad Pública, mientras que las tareas de reinserción quedarían bajo el alero del Ministerio de Justicia, a través de una nueva institución especializada.

Sin embargo, la propuesta generó un inmediato y rechazo de parte de la Anfup el cual, por medio de un comunicado, dio a conocer su «más profundo repudio y rechazo» al anuncio, cuestionando que se trate de una decisión adoptada sin un proceso previo de diálogo con las y los trabajadores penitenciarios.

Pero el gremio evitó hacer una autocrítica por el escándalo de corrupción que se conoció al interior de la institución penitenciaria, pidiendo especialmente resguardar el «derecho a la sindicalización».

En este contexto, la agrupación acusó al Gobierno de falta de seriedad, sosteniendo que el planteamiento evidencia «el desconocimiento de la realidad del sistema penitenciario, de sus complejidades y de los riesgos permanentes que enfrentan a diario sus funcionarios y funcionarias, tanto uniformados como no uniformados».

Asimismo, recalcaron que el rol que cumple actualmente Gendarmería, tanto en materia de reinserción social como de seguridad pública, es fundamental para la democracia y la seguridad del país, advirtiendo que una modificación de esta magnitud no puede ser abordada como una simple reorganización administrativa o jurídica.

En ese contexto, Anfup exigió que cualquier cambio en la dependencia ministerial de la institución contemple garantías concretas en materia de estabilidad laboral y previsional, respeto a los derechos adquiridos —como bonos, asignaciones y carrera funcionaria—, mejoras reales en las condiciones laborales, de seguridad e infraestructura, además del resguardo del derecho a la sindicalización.

Finalmente, la agrupación funcionaria insistió en su rechazo a las «decisiones unilaterales» del Ejecutivo, pidiendo abrir de manera inmediata una mesa de trabajo con las organizaciones del sector, con el fin de abordar de forma seria, responsable y participativa cualquier transformación estructural que afecte la naturaleza jurídica de Gendarmería de Chile.