El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, calificó como un «absurdo, jurídica y políticamente» la amenaza de acusación constitucional de la UDI contra el ministro Nicolás Grau en caso de no retirar los términos del acuerdo con los funcionarios públicos, que desde la oposición han sido calificados como una ley de amarre.
En un punto de prensa este mediodía en La Moneda, el secretario de Estado sostuvo que «si un parlamentario no comparte el contenido de un proyecto de ley (…) lo que corresponde es que vote en contra de ese proyecto».
Aun más, subrayó que utilizar «una amenaza de acusación constitucional respecto de un proyecto de ley (…) transgrede lo que establece la Constitución, no cumple con los fundamentos para presentar una acusación constitucional, e implica simplemente desnaturalizar el sentido de los instrumentos de fiscalización«.
En este contexto aseguró que incluso parlamentarios de oposición con conocimiento jurídico han reconocido que una acusación de esta naturaleza carecería de sentido.
La polémica por los números
El titular de Interior se refirió además la controversia generada por un análisis del centro de estudios Horizontal que calculó en 32.767 los funcionarios «a contrata» que ingresaron durante el actual gobierno y que serían beneficiados por la normativa cuestionada por la oposición.
Ante ello, Elizalde explicó que existe una diferencia sustancial en las cifras debido a que muchos trabajadores fueron reubicados desde administraciones municipales hacia nuevas estructuras estatales, particularmente los Servicios Locales de Educación Pública.
«Hay una diferencia respecto de quienes se trasladaron, por ejemplo, de los municipios a los servicios educacionales o locales de educación. Entonces, por tanto, ahí es donde se ha planteado que las cifras son distintas», añadió.
Asimismo, aclaró que los funcionarios de confianza que ingresaron por adherir al programa del presidente Boric «todos ellos cesan en sus funciones el 11 de marzo”.
Finalmente, en relación al incremento de personal público, el ministro recordó que se había debatido previamente sobre contrataciones para servicios de salud y sobre traspasos desde dependencia municipal a los SLEP, tratándose en este último caso de «personas que ya eran funcionarios públicos, pero de dependencia municipal».
