El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió a defender al ministro de Vivienda, Carlos Montes, ante la advertencia de la UDI de una posible acusación constitucional contra éste tras el anuncio de expropiación parcial del terreno ocupado por la megatoma de San Antonio.
El jefe de bancada gremialista, Henry Leal, había calificado la decisión del Ejecutivo como un «incentivo perverso» que podría legalizar futuras usurpaciones y afirmó que tanto el Gobierno como Montes se convertían «en cómplices de un delito de usurpación».
Frente a ello, el secretario de Estado sostuvo que «el hecho de que exista una diferencia política no significa que haya ilegalidad o inconstitucionalidad. Actuamos en el marco del Estado de derecho».
Recordó además que la expropiación es una herramienta contemplada en la ley para casos donde no se logra un acuerdo voluntario con los propietarios y que su aplicación incluye indemnizaciones correspondientes.
Asimismo, Elizalde también defendió el uso de recursos presupuestados para 2025 que no fueron ejecutados en otros proyectos, aclarando que estos fondos se destinarán a urbanizar 100 de las 215 hectáreas del campamento Cerro Centinela, incluyendo calles, servicios básicos y equipamiento comunitario.
El secretario de Estado recalcó finalmente que la expropiación se realiza con todas las garantías legales y rechazó que se pueda interpretar como una acción ilegal.
