La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó un plazo de 30 días corridos al Gobierno, a través de los Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Interior y Seguridad Pública, y de Desarrollo Social y Familia, además del municipio de San Antonio, para habilitar albergues para las personas que habitan la denominada megatoma del puerto.

El fallo judicial dispuso que, aunque existe una mesa intersectorial que había advertido carecer de competencias legales, recursos para albergues y de infraestructura municipal adecuada, ya ha transcurrido «tiempo más que considerable» sin que se acredite la creación del recinto transitorio exigido.

Asimismo subraya que los organismos responsables deben acreditar por escrito la implementación de las instalaciones previstas, bajo apercibimiento de aplicar medidas de apremio, según lo establecido en el Auto Acordado correspondiente.

El albergue debe estar operativo para acoger «aproximadamente 10.000 personas» que se verían afectadas por el desalojo de la megatoma, y su puesta en marcha es condición para fijar una fecha concreta para el procedimiento de desocupación, señala además la orden del tribunal.

Dueños felices, Gobierno preocupado

El abogado Diego Pereira, representante de los dueños del terreno, celebró la resolución y apuntó que «esto pone fin a las versiones que hablaron sobre una supuesta suspensión del desalojo y que solo buscaron confundir y generar falsas expectativas entre quienes mantienen actualmente ocupado ilegalmente el terreno«.

Añadió que «es trascendental que la Corte, además, haya dispuesto el apercibimiento de las instituciones responsables en el caso de persistir en la inobservancia al fallo. De esta manera se acaban las excusas, se podrá restablecer el Estado de derecho, el respeto del derecho de propiedad y mis representados podrán por fin, luego de una batalla de cinco años, recuperar sus terrenos. Esperamos que en los próximos días las instituciones avancen en la coordinación del desalojo».

Por su parte, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, declaró que «el Gobierno tiene claro que la ley se cumple y que las Cortes tienen facultad para imponer ciertas fechas, pero como sabemos que hay cuestiones fundamentales en juego porque son 10.000 personas, (de ellos) 3.000 niños y 3.700 familias, hay que tener claro de que este desalojo es algo que genera riesgo de distinta naturaleza»

«Tenemos que pensar muy bien cada paso que se da. No les voy a dar detalles, pero vamos a agotar esfuerzos de conversar con las comunidades, ver alternativas y en eso estamos», acotó.