Este martes se desarrolló la tercera sesión del Comité de Coordinación Nacional de Fronteras, tras la cual el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, destacó el despliegue de las Fuerzas Armadas y policías en la Frontera Norte, y los acuerdos de reconducción de migrantes ilegales con los países limítrofes.
Así, en un punto de prensa en La Moneda, el secretario de Estado recordó que el despliegue de personal militar en la frontera «ha permitido reducir de manera significativa los ingresos irregulares«.
Así, trajo a colación las cifras oficiales entregadas por la PDI, «el año 2021, que fue el peor año entre denuncias y autodenuncias, sumaron más de 56.000 ingresos irregulares. Ya al año 2024 se había reducido a poco más de 29 mil y continuamos en este esfuerzo«.
En este escenario, además, recordó que «se ha hecho una inversión importante, sobre todo para dotar a las FF.AA. que contribuyan a las labores de control de frontera que realiza Carabineros y de control migratorio que realiza la PDI, para que tengan herramientas para desarrollar su trabajo a través del plan SIFRON, que ha permitido la adquisición de vehículos, la instalación de puestos de observación fronteriza y ya en una tercera etapa la adquisición de drones que nos permitan tener permanentemente vigiladas las fronteras».
Seguidamente recalcó que «todas estas medidas se han traducido en una reducción de los ingresos irregulares, lo que se ha visto complementado con el acuerdo suscrito con Bolivia, que ha permitido la reconducción de no solo bolivianos, algo que hasta ese momento se hacía, sino que personas de otras nacionalidades. De esta manera entonces Chile hoy puede reconducir a quienes son sorprendidos cruzando de manera irregular la frontera hasta 10 kilómetros dentro del país a Perú y Argentina, como se ha hecho tradicionalmente, y ahora también a Bolivia».
Gestión aduanera y seguridad fitozoosanitaria
Además de los temas anteriores, esta tercera sesión del Comité tuvo como especiales temas de interés la gestión aduanera y la seguridad fitozoosanitaria en los complejos fronterizos de país.
Con este telón de fondo, se destacó el trabajo desarrollado en materia de controles y decomisos desde 2022 a la fecha realizados por el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), recordando que entre las incautaciones de Aduanas realizadas entre enero y septiembre de 2025 se retuvieron 6.821.935 productos falsos que vulneran la ley de propiedad intelectual o industrial, como artículos de escritorio, baterías o pilas, juguetes, y perfumes; y 17.729.534 de cajetillas de cigarros, con lo cual se evitó una evasión cercana a 70 millones de dólares.
Asimismo, durante el mismo periodo se incautaron 4.375.539 productos que no cuentan con certificaciones de organismos de salud para ingresar a Chile, como dispositivos médicos, cosméticos, juguetes, alimentos y medicamentos de uso humano; además del equivalente a 2,3 millones de dólares, principalmente en efectivo, que no fueron declarados como indica la ley.
Gran parte de estas operaciones se explican por el plan de renovación tecnológica de la institución, desarrollado desde finales de 2022, con una inversión de casi 30 mil millones de pesos en camiones escáner. A la fecha, hay operativos 10 camiones y 2 portales, y antes de fin de año entrarán en operaciones 2 nuevos camiones en los puertos de Iquique y Antofagasta. Además, está proyectada la adquisición de 6 camiones más para 2026, rayos X y otras tecnologías para la detección de drogas.
Ley de Inteligencia Económica
Luego de la sesión, las autoridades asistentes al Consejo destacaron los proyectos de ley que se están llevando a cabo para fortalecer el control aduanero, como el de Inteligencia Económica, el cual permitiría crear unidades de inteligencia en el Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de Análisis Financiero para coordinar de mejor forma el trabajo que significa perseguir la ruta del dinero.
Al respecto, el ministro Elizalde señaló que “necesitamos de la herramienta de la inteligencia económica para seguir la ruta del dinero e ir tras los cabecillas del crimen organizado, muchos de los cuales se encuentran fuera del país. Esto permite determinar quiénes están detrás y aplicar sanciones efectivas para que este tipo de hechos no queden en la impunidad”.
“En ese contexto, vamos a insistir en la regulación del levantamiento del secretario bancario, bajo determinadas hipótesis, porque es una herramienta que permite saber dónde fue a parar el dinero mal habido, adquirido por bandas de crimen organizado que lamentablemente están operando en Chile y muchas de las cuales envían los recursos hacia lugares muy distantes”, agregó el jefe de gabinete.
