Codelco se querelló contra Ángela Vivanco y Gonzalo Migueles por los delitos de cohecho agravado, soborno y lavado de activos en el marco del caso “Muñeca Bielorrusa”.
La acción judicial fue presentada el sábado y este martes fue admitida por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
La querella criminal es contra Vivanco y Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema, en calidad de autores de los delitos de cohecho agravado y lavado de activos.
Se suma a los abogados Carlos Eduardo Lagos Herrera y Mario Andrés Vargas Cociña, en calidad de autores de los delitos de soborno y lavado de activos.
Y contra el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Rodrigo Yáber Lozano; el conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Abraham Anton Najle Alee, y el dueño de una casa de cambios Harold Pizarro Iturrieta, en calidad de autores del delito de lavado de activos en su modalidad culposa.
La querella
El relato de la Fiscalía confirmó las sospechas que Codelco mantuvo desde el inicio respecto de la tramitación irregular de su demanda presentada contra el Consorcio Belaz Movitec (CBM).
El escrito dice que lo descritó por la Fiscalía coincide con las irregularidades advertidas desde 2023 y que derivaron en sentencias que obligaron a Codelco desembolsar más de $17 mil millones a favor del consorcio.
La querella describe un “patrón de comportamiento”, en el que Vivanco habría intervenido reiteradamente para acelerar resoluciones y favorecer los intereses de CBM.
Resalta que la exministra “efectuó gestiones para que la sala conociera de la orden de no innovar y del fondo del recurso (…) sin que el presidente de la Corte Suprema hubiese dictado la resolución respectiva”.
Y que incluso ordenó “la dictación de una resolución intentando validar el conocimiento del fondo del asunto sin el previo decreto que ordenaba dar cuenta”.
El texto agrega que las actuaciones de la exministra constituyen “infracciones a los deberes de su cargo ejecutadas a cambio de beneficios económicos entregados a ella y/o a su pareja”.
La querella también recoge episodios que la Fiscalía calificó como decisivos para acreditar los delitos de cohecho y soborno.
Entre ellos la serie de depósitos en efectivo que recibió la pareja de la exministra, inmediatamente después de que Codelco pagara miles de millones de pesos al consorcio.
En particular, el escrito traza los pagos efectuados por Movitec al estudio Lagos y Vargas en fechas coincidentes con las resoluciones perjudiciales a Codelco y describe cómo una parte de ellos llegó, finalmente, a la cuenta corriente de Migueles a través operaciones atribuidas a Yáber, Najle y Pizarro destinadas a ocultar el origen de fondos que la estatal considera ilícitos.
