El Gobierno aseguró este viernes que la legislación chilena impide la transferencia de material bélico a países en conflicto activo, saliendo al paso, sin negarlo abiertamente, de los trascendidos que hablan de la eventual venta de 30 blindados IFV Marder A3 -actualmente en servicio en el Ejercito-, a Alemania, país que los transferiría a Ucrania.
Ante la consulta de Infogate, el canciller Alberto van Klaveren señaló en primer lugar que nuestro país no se está implicando en un conflicto armado externo, y si bien recalcó que «no nos podemos referir a las compras de elementos bélicos, ni a la venta tampoco», hizo hincapié en que «hay una normativa chilena que impide proveer de armas a países que están en conflicto activo. En consecuencia, ninguna operación puede infringir esa norma general«.
Seguidamente, insistió en que «no es posible imaginar la venta de armamento a Ucrania, por mucho que nosotros, desde el punto de vista político, tenemos una posición de condena total a lo que ha sido la invasión de Ucrania«.
Finalmente al preguntársele sobre que se trataría de una transferencias indirecta, ya que el traspaso a Ucrania lo haría Alemania tras actualizar estos blindados, Van Klaveren subrayó que «lo que está claro es que no puede haber armamento chileno en el teatro de conflicto en Ucrania, y ninguna otra parte«.
Negociaciones y efectos
Cabe recordar que el tema se conoció ayer, por trascendidos de prensa, ante los que el Ministerio de Defensa declinó referirse «por ahora», aunque no negó que la operación se esté llevando a cabo.
Esto, en un marco en el que el gobierno alemán lleva tiempo buscando medios para suplir el esfuerzo de guerra ucraniano frente a la guerra de agresión rusa. Y mientras recupera material dado de baja o mantenido en reserva en sus almacenes, busca aceleradamente stocks en otros países.
En este contexto, los Marder chilenos (adquiridos de segunda mano precisamente a Alemania hace dos décadas) aparecen como un opción atractiva pero, aunque los acercamientos y negociaciones tendrían alrededor de dos años, queda la duda de su concreción justamente por temas normativos, la reacción de Rusia, y qué podría recibir Chile como moneda de cambio por esta operación.
