La Sociedad Chilena del Rifle (ACDR) criticó a Jeannette Jara por “festival de cifras” dadas sobre armas incautadas en delitos y que en su gran porcentaje corresponden a inscritas robadas por delincuentes.
La directora ACDR, Josefa Rodríguez, dijo que en los últimos meses, se han “difundido porcentajes dispares e incluso incompatibles entre sí, sobre el supuesto peso de armas legalmente inscritas en hechos delictivos”.
Criticó a Jara por indicar que “el 52%” de las armas incautadas en 2024 estaban inscritas y “cayeron en manos de la delincuencia”.
“Este uso laxo de los números, frecuentemente mezclando incautación penal con entregas voluntarias y actuaciones administrativas, ha instalado un verdadero ‘festival de cifras’”, precisó.
Precisó que esto “confunde a la ciudadanía y se utiliza para justificar nuevas restricciones sobre quienes cumplen la ley, en lugar de concentrarse en el mercado ilícito y el crimen organizado”.
“Es especialmente grave que una candidata presidencial divulgue cifras no consistentes con los registros desagregados”, indicó.
Y añadió que “ello desinforma, erosiona la confianza pública y termina culpando a ciudadanos honestos por un fenómeno cuyo corazón está en la criminalidad organizada y las armas ilegales”.
Desglose de armas
La ACDR señala que hay 13.565 armas registradas en procedimientos, de las que 7.427 corresponden a entregas voluntarias (54,75%).
Además, 260 fueron armas de origen legal reportadas como robadas o extraviadas (1,92%); 93 se vincularon a violencia intrafamiliar (VIF) (0,69%).
Asimismo, 2.801 quedaron sin motivo especificado por la autoridad (20,65%) y 2.984 fueron ilegales/hechizas/adaptadas/sin registro o sin información.
“Es decir, armas efectivamente sustraídas al circuito criminal, equivalentes al 22,00% del total”, menciona.
Armas incautadas y entregadas
“Cuando se afirma que “la mitad” o “la mayoría” de las armas “incautadas” provienen del mundo legal, se está sumando entregas voluntarias y medidas no penales dentro de la categoría ‘incautación’”.
“Ese artefacto estadístico sobrestima el peso de las armas legales “en manos de delincuentes” y subestima lo que realmente importa: el volumen de armas ilícitas retiradas a bandas y organizaciones criminales”, señala.
Agregó que “la mayor parte del movimiento operativo en 2024 obedeció a entregas voluntarias».
«Mientras que el desarme delictivo efectivo se acotó al 22% del total anual”, precisó.
Rodríguez dijo que “penalizar al propietario cumplidor no interrumpe rutas ilícitas, no mejora trazabilidad del mercado negro y no reemplaza a la inteligencia”.
“La seguridad no se construye debilitando al que cumple la ley, sino desarticulando bandas, controlando fronteras y cortando los flujos ilícitos”, aseguró.
Alegó que reducir las armas “a un eslogan punitivo contra ciudadanos es desconocer los datos y la cultura cívica que se ha construido”.
“La mayor parte de lo que se comunica como ‘incautación’ corresponde a entregas voluntarias o actuaciones administrativas, no a golpes al crimen organizado”, apuntó.
Planteó que “Chile necesita transparencia estadística, foco en lo ilícito y respeto a los derechos de deportistas o protegen a sus familias”.
