De cara a la elección presidencial del próximo 16 de noviembre, el programa en Defensa de Johannes Kaiser apunta a fortalecer la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y, en general, a tareas de seguridad interna, además de la reapertura de unidades militares en regiones y la reactivación de un real Servicio Militar Obligatorio.
Es así como en su propuesta, el candidato presidencial opositor recuerda que ya en el Libro de la Defensa Nacional de Chile del Ministerio de Defensa en 2002 se «estableció como amenazas no convencionales más significativas: el terrorismo, el narcotráfico y las migraciones masivas», por lo que critica la inacción a la que califica como una «molesta demostración de torpeza gubernamental«, ya que «estas amenazas son realidades como efecto de una nula capacidad del Estado de proceder con una política pública de prevención y de reacción».
En este contexto, adelanta que «nuestras propuestas en Seguridad y Defensa, con una mirada preventiva, reflejarán un hecho evidente; se ha borrado la ya difusa línea que separaba la seguridad pública de la defensa nacional«.
Tareas «no militares» para las FFAA
El candidato presidencial enfatiza en su propuesta que «la creación de las “áreas de misión” conllevan múltiples tareas no militares que materializan un errado concepto de “polivalencia” para las FF.AA.».
Por ello, recalca que es relevante «la falta de una política militar coherente con las necesidades de la seguridad nacional y la situación geopolítica y geoestratégica de Chile, lo cual se manifiesta en hipótesis restringidas, lo que ha dado lugar a una concepción de capacidades estratégicas que no satisfacen las necesidades objetivas de la seguridad nacional».
En dicho contexto, hace hincapié en que «las FF.AA. deben desarrollar sus habilidades estratégicas en beneficio de los intereses nacionales y de sus hipótesis — derivadas de los desafíos, retos y amenazas específicos del país—, y no de objetivos geopolíticos extranjeros, respecto de los cuales Chile es periférico o simplemente instrumental«, subrayando que «esto es especialmente notorio en la definición de nuestros intereses marítimos«.
«Estos criterios, transformados en dogmas políticos, plasmados en una política de defensa que aspira a disponer de unas FF.AA. con capacidad estratégica para cooperar en misiones de “cooperación internacional” basada en una capacidad de proyección internacional», añade, ejemplificando luego con «los proyectos para implementar una fuerza naval de aguas azules, y de un ejército con capacidad de proyección de su fuerza en beneficio de objetivos de cooperación internacional ajenos a las necesidades de defensa de la soberanía e integridad territorial».
Tras estas «concepciones estratégicas», critica la «desmilitarización del territorio» en el caso del Ejército, «donde el actual despliegue de paz —disposición de unidades militares a lo largo del territorio nacional—, ha creado vastas fronteras interiores, lo que incide directamente en la seguridad tanto interna como vecinal del país, generando vacíos y áreas sin ley, en las que el Estado no ejerce ni presencia ni soberanía. Lo anterior, ha quedado de manifiesto en los permanentes estados de excepción para enfrentar variadas formas de amenazas asimétricas que actualmente afectan al país. La persistencia de los despliegues que requieren estos estados de excepción incide en la operatividad de la fuerza al limitar la instrucción y entrenamiento».
Aún más, alude a los recientes casos de tráfico de drogas en las instituciones militares, señalando que «son el resultado directo del desgaste físico y moral del despliegue y cumplimiento de misiones sin propósito militar, ni facultades legales para ejercer un control efectivo de los espacios donde se encuentra desplegada la fuerza».
Propuestas específicas
Visto todo lo anterior, el programa del candidato presidencial establece que «las misiones de las FF.AA. comprenden las áreas de seguridad Externa y seguridad Interna«, y sobre esta última señala que «las Fuerzas Armadas deben contribuir al desarrollo y a la acción del Estado, apoyar en situaciones de emergencia nacional, dar protección civil y brindar seguridad a los intereses territoriales, sean estos en tierra, mar, aire, espacio, ciberespacio».
Añade que «estas tres últimas misiones, ante el incremento descontrolado del crimen organizado, la inmigración ilegal, el narcotráfico y tráfico de armas y otros, serán claves para el apoyo a las fuerzas policiales en la erradicación de estos flagelos y, eventualmente, a través de Estados de Excepción Constitucional y del uso racional, pero contundente y brevísimo, de las FF.AA. y sus medios».
Seguidamente agrega que el apoyo de las FF.AA. a la seguridad interna incluye «información para producir inteligencia; control en las fronteras; control de zonas declaradas por su peligrosidad en estado de excepción constitucional«.
Además, propone la reactivación del Servicio Militar obligatorio, como también la reapertura de regimientos en diversos puntos del país.
Sobre esto último ejemplifica con que «en la región de La Araucanía, en las ciudades de Lautaro y Traiguén, por razones presupuestarias fueron cerrados los regimientos “La Concepción” y “Miraflores”, respectivamente. Unidades militares que entre otras cosas cumplían el rol de formar a los ciudadanos de esa región en soldados amantes de su patria».
En paralelo, y en acciones que inciden también en las Fuerzas Armadas, se propone el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Inteligencia, «de modo que produzca inteligencia, es decir, conocimiento útil, que permita al Estado adelantarse a los acontecimientos y no seguir reaccionando tardía y descoordinadamente. Para ello se creará un organismo dependiente de esta, responsable de la obtención de la información».
Asimismo, se apunta a reforzar la presencia «efectiva en fronteras, con capacidades estatales coordinadas y tecnología avanzada (vigilancia satelital, drones, cámaras, radares de detección, en fin, diferentes sensores)», marco en el cual «se conformarán equipos inter agenciales, integrados por policías, militares, agentes de aduana, SAG, CONAF, SII, entre otros. Desplegados en nodos críticos, con comunicaciones seguras entre las patrullas de control fronterizo y las unidades policiales y complejos fronterizos».
Finalmente, se propone el fortalecimiento de la industria militar nacional, «tanto estatal como privada y los centros académicos asociados, para mejorar las capacidades locales y naciones. Asimismo, morigerar los efectos competitivos de la Ley de Pertrechos sobre la industria nacional».
