Aunque llegó a la jefatura del Estado en diciembre de 2022 como una incógnita tras la destitución de Pedro Castillo por intentar dar un golpe de Estado, Dina Boluarte terminó convirtiéndose en la jefa de Estado más impopular de Latinoamérica.

Incluso, los propios peruanos la acusaban de incapaz, frívola y hasta «asesina».

Boluarte, que fue destituida por una abrumadora mayoría del Congreso, no contó durante su gestión con un partido ni una bancada propia.

Sin embargo, permaneció en el cargo durante casi tres años respaldada por agrupaciones conservadoras como el partido fujimorista Fuerza Popular.

El partido, que lidera Keiko Fujimori, finalmente se sumó a las voces parlamentarias que apoyaron de manera casi unánime su vacancia (destitución).

La acusación fue por su presunta incapacidad para enfrentar el embate del crimen organizado en el país.

La gota que rebasó el vaso fue el ataque con armas de fuego que sufrió durante la noche del domingo uno de los más populares grupos de música cumbia del país.

Este se presentaba un concierto en un local del Ejército de Perú, en Lima, cuando hubo disparos en pleno espectáculo.

Este ataque dejó heridos a cuatro integrantes de la agrupación Agua Marina y a un vendedor.

Esto encendió las redes sociales como un reguero de pólvora y generó el rechazo ciudadano.

Esto fue considerado como una inacción del Ejecutivo para solucionar el incremento de la criminalidad, que afecta a todos los sectores sociales del país.

Una aceptación del 3 % de peruanos

Natural de la provincia andina de Apurímac, esta abogada de 63 años llegó a la Presidencia tras ser elegida como vicepresidenta de Castillo.

Fue ministra de Castillo hasta poco antes de que intentase un golpe de Estado para evitar su destitución.

Su carrera política hasta entonces se limitaba a haber sido candidata alcaldesa del municipio de Lima donde reside.

Su vida había transcurrido antes entre su familia y su trabajo como funcionaria en el Registro Civil.

Boluarte comenzó su gestión el 7 de diciembre de 2022 en medio de anuncios de fortalecimiento del sistema democrático y la economía.

Pero se dio de bruces con la realidad de no contar con una bancada parlamentaria propia y el rechazo de un gran sector de la ciudadanía, sobre todo de las regiones del sur del país.

El paso de los meses solo hizo empeorar su mala imagen entre los peruanos y la comunidad internacional.

En todos los sondeos de opinión de los últimos meses apareció como la gobernante más impopular de Latinoamérica, al contar con 3 % de aprobación, cifra dentro del margen de error.

La permanencia de su Gobierno quedó en manos de las fuerzas conservadoras que rechazaron diferentes propuestas para intentar sacarla del cargo.

Especialmente después de que las protestas sociales que se desarrollaron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 dejaran medio centenar de personas muertas.

Seis mociones previas de destitución fracasaron por el apoyo de partidos: Alianza para el Progreso, del gobernador regional César Acuña, y Fuerza Popular, de Keiko Fujimori.

Numerosas investigaciones en contra

La Fiscalía abrió a Boluarte numerosas investigaciones, tanto por la violenta represión en manifestaciones, que contempla delitos de homicidio, genocidio y lesiones graves.

También está una investigación por un presunto enriquecimiento ilícito en el llamado caso ‘Rolexgate’ tras haber exhibido joyas costosas y relojes de lujo no declarados.

La ahora exmandataria también es investigada por haber favorecido la fuga de Vladimir Cerrón, el líder del partido marxista Perú Libre, en el que militó hasta 2022.

Este partido fue parte de la fórmula presidencial que integró como candidata a vicepresidenta de Castillo.

Investigada por no notificar al Congreso que iba a estar incapacitada cuando se sometió en secreto a operaciones de cirugía estética de nariz y rostro.

El Ministerio Público sigue pesquisas, por otra parte, a la denuncia de que se reunió con la entonces fiscal general Patricia Benavides.

Destituida por liderar una red corrupta en el Ministerio Público, con el supuesto fin de archivar una denuncia en su contra a cambio de mantener al director de la Policía.

El pasado 19 de agosto, el Tribunal Constitucional (TC) concluyó que se debían suspender las investigaciones, y cualquier acusación, hasta el término de su mandato.

Su fin al cargo debía concluir el 28 de julio de 2026, contando con la inmunidad que le otorga su cargo.

Con su destitución por una «permanente incapacidad moral», se sumó a otros mandatarios que siguieron el mismo camino desde 2018.

Este fue el caso de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) a Martín Vizcarra (2018-2020), y su antecesor Pedro Castillo (2021-2022).