En los últimos años la Defensa Nacional ha sufrido una relativa postergación en la agenda nacional.***

Esto empezó a arrastrarse concluida la primera década del presente siglo, y abarca a buena parte de la elite política nacional, independiente de sesgos ideológicos o políticos.

Por cierto, existen razones coyunturales que podrían explicar este fenómeno, como la pandemia del COVID, comprensiblemente, la salud pública y la compleja situación que vivió la población se transformaron en prioridades.

Sin embargo, hoy vivimos un nuevo momento histórico, es la época de mayor conflictividad luego de la Segunda Guerra Mundial. Que el drama de la guerra y la urgente necesidad de la paz no llegue a nuestro territorio no implica que no exista, ni menos que no nos afecte.

No son pocos los que argumentan con cierta ingenuidad, “las guerras están muy lejos”, olvidando como el clima bélico trastoca la convivencia internacional entre otras cosas, por la desorganización del comercio global -del cual dependemos-, por el incremento de las migraciones, por las convulsiones políticas y sociales que traen aparejadas.

Peor aún, no faltan los que afirman “para que tenemos FFAA si no tenemos guerra”.

El provincianismo del que adolecen algunos análisis olvida como hoy en día está en riesgo la paz mundial, y que varias potencias no dudan en usar su poderío estratégico para defender sus intereses, y como siempre, la población vulnerable paga elevadísimos costos en distintos puntos del planeta.

En la actualidad esa visión equivocada se traduce en una falta de comprensión de la responsabilidad estatal por la Defensa Nacional.

A ratos se la trata como una tarea sectorial más, olvidándose su carácter esencial. Esta incomprensión ha llevado a una postergación de los recursos básicos que requiere la defensa.

La defensa en Chile se financia mediante dos mecanismos, por un lado, lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, que ha sido de continuidad desde 1990 a la fecha, pero que a eso debe restar los recortes que determina el ministerio de hacienda.

Es la llamada partida 11 de dicha ley, que en lo fundamental financia sueldos y una porción cada vez menor en operaciones.

]Todo esto en tiempos “normales” porque desde hace varios años las FFAA están desplegadas en las macrozonas norte y sur lo que les exige esfuerzos humanos y materiales más allá de su misión principal y de sus disminuidos recursos.

El otro afluente de financiamiento es la llamada Ley de Capacidades Estratégicas, que reemplazó a la ley del cobre. Está estrictamente destinada a financiar la adquisición de sistemas de armas, la que a su vez se basa en una rigurosa planificación cuatrianual la cual dispone una asignación anual.

Pese a las promesas de todos los sectores políticos cuando se promulgó esta ley, en los últimos años ese aporte no se ha efectuado.

No es todo, hoy se levantan voces, incluso dentro del ámbito estatal, de suprimir esta obligación, sin mayor conciencia de lo que esto implicaría.

Agreguemos que la derogada ley del cobre dejó un fondo sustancioso con el cual se podía pagar las respectivas cuotas sin afectar a la Ley de Presupuesto, por lo menos en los primeros años. ¿Qué pasó con ese fondo?

Las enseñanzas de la historia

Algunas semanas atrás, la Academia de Historia Militar presento el IV tomo de la Historia del Ejército, redactada por oficiales retirados, afiliados a esa instancia. Este tomo abarca desde mediados de la década de los sesenta del siglo pasado hasta la primera década del presente. Un período difícil para el país, y por cierto para las FFAA por decir lo menos.

En aquella oportunidad, José Rodríguez Elizondo presentó el libro. Como acostumbra, fue minucioso y metódico. Se refirió en especial a los aspectos históricos y políticos del período, y tomó nota de que, en una mirada larga, es posible identificar hitos en la relación civil militar.

En especial analizó la crisis de los años veinte, cuando irrumpió el movimiento de los oficiales jóvenes que derivó en una fase de convulsos cambios que culminaron con el periodo oligárquico que caracterizó la posguerra civil de 1891.

Luego se detuvo en los años sesenta del siglo pasado, cuando en medio de profundos procesos tanto internos como externos, se instaló un descontento uniformado por razones “gremiales” (mayor presupuesto, reclamo por abandono de las tareas de defensa), que derivó la sublevación del regimiento Tacna, en octubre de 1969.

No faltaron en esos años quienes trataron de politizar ese ambiente y cometieron un año más tarde el condenable asesinato del general Schneider, entonces comandante en jefe del Ejército. Todos sabemos cómo continuó la Historia.

Por cierto, en tiempos más cercanos, también la historia muestra los frutos de un buen entendimiento del mundo civil con el mundo militar, como lo reflejan los primeros años del presente siglo, cuando fruto de un amplio diálogo (en especial en la elaboración de las dos primeras ediciones del Libro de la Defensa), Chile también dio un salto organizativo y tecnológico de su defensa, iniciándose el mayor proceso de modernización en sus tres ramas.

El general Alfredo Ewing en la misma oportunidad sintetizó el vasto proceso de modernización que permitió transitar desde un ejército territorial y de instrucción, a uno eminentemente operativo.

Agreguemos que procesos similares de modernización se dieron en la Armada al renovar la flota y lo mismo la Fuerza Aérea al incorporar cuatro escuadrones de F16 entre otros elementos, procesos que implicaron vastas reformas educativas, formación de especialistas y construcción de infraestructura. Los frutos se vieron pronto, teníamos la capacidad de desplegar un batallón al Caribe, si lo mandataba Naciones Unidas, en menos de 48 horas.

Pero con el tiempo, la defensa ha dejado de ser un tema. Desde el punto de vista de la contingencia eso es muy positivo, habla de normalidad institucional, ojalá sea por ello. Temo que también, dadas las características que ha ido adquiriendo el sistema político, la explicación puede ser porque la “la defensa no da votos”.

A modo de conclusión

Cuando conversamos sobre esta problemática con algunos estrategos, civiles y militares, (precisemos que la mayoría no estamos en “servicio”), la valoración de la oportunidad es variable.

En una opinión, en medio de campañas electorales, no es el mejor momento.

n otra, precisamente porque los chilenos estamos decidiendo el país que queremos para los próximos años, sería un buen espacio para recordar las tareas permanentes del Estado, entre otras, dar protección a todos los chilenos, sin distinción de sus credos políticos o religiosos y controlar plenamente el territorio nacional.

A la pregunta de ¿cómo hacerlo?, puede ser simple la respuesta, pero es vital: cumpliendo la ley. Si se asigna una determinada cantidad de recursos para un año (eso es el presupuesto), que esa asignación, fijada por ley, no sea “recortada” durante el año por un funcionario. Si la ley de Capacidades Estratégicas aprobó una planificación cuatrianual, pues, que se cumpla la ley asignando cada año la cuota que corresponda. Nada más.

Todo lo anterior debe ser considerado en medio del contexto regional y global que vivimos, nadie puede asegurar que en el futuro inmediato imperará la paz y la cooperación entre las naciones, desgraciadamente.

Bueno, ese “nadie” es incorrecto, porque ya sea por ignorancia o por prejuicios, en Chile no carecemos de “utopismo estratégico”, en todos los sectores, desde el ultraliberalismo que ve al Estado casi como el enemigo a vencer, hasta algunos representantes del socialismo utópico enamorados de sus propias ideas.

Al finalizar considero es bueno recordar al Libertador, que para asegurar nuestra independencia, en sus primeros actos formó al Ejército y a la Escuadra, por cierto, entre otras cosas, también terminó con la esclavitud y abogó por la igualdad entre chilenos y mapuches.

*** Gabriel Gaspar, es académico, analista latinoamericano y consultor internacional y ha sido embajador y  subsecretario de Defensa.