La Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público entregó el pasado jueves un informe con 34 recomendaciones de ahorro fiscal al Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos.
Incluyó la eliminación de los incisos 1° y 2° del artículo 101 la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, en los que se establece la entrega de un aporte basal mínimo al Fondo Plurianual para las Capacidades de la Defensa.
Lo anterior, implica una amenaza cierta para la Defensa Nacional, al poner en eventual peligro la planificación estratégica de las FF.AA.
¿Expertos….en Defensa?
Cabe recordar que en mayo pasado, Hacienda, a través de la Dipres, constituyó este grupo asesor con el objetivo de «formular propuestas técnicas orientadas a un uso más eficiente y sostenible de los recursos fiscales», ello «mediante la elaboración de propuestas técnicas y ampliamente respaldadas que permitan reducir, contener y racionalizar el uso de los recursos públicos en el corto, mediano y largo plazo«.
En ese marco, la recomendación N°13 establece la «suspensión de los incisos 1° y 2°
del artículo 101 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas», que permitiría el ahorro de 6.600 millones de pesos de forma permanente.
Normas en peligro
La mencionada legislación establece actualmente en su inciso 1 que:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, el aporte anual que la Ley de Presupuestos del Sector Público entere al Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa contemplará un aporte basal que no podrá ser inferior al monto promedio de los aportes basales enterados a dicho fondo en el período de seis años inmediatamente anteriores al año en que se aprueba el aporte anual que se deba efectuar conforme al número 2 del artículo 100 correspondiente al cuarto año del programa cuatrienal de inversiones, de acuerdo al inciso cuarto del presente artículo».
«El aporte basal señalado en el inciso anterior será establecido mediante decreto supremo, por orden del Presidente de la República, que llevará las firmas de los Ministros de Defensa Nacional y de Hacienda», agrega el segundo inciso.
Efecto nefasto
La puesta en marcha de dicha aplicación, que requeriría una modificación legal y no administrativa, implicaría que las Fuerzas Armadas perderían una fuente fundamental de recursos para financiar sus inversiones estratégicas.
Dicho aporte, que hasta ahora se calcula sobre el promedio de los últimos seis años, garantiza a las ramas de la defensa nacional un piso mínimo para poder planificar sus adquisiciones, renovación de material y otros proyectos, todo lo anterior considerando que habitualmente implican altos montos e iniciativas de largo aliento como, por ejemplo, la planificada renovación de la Escuadra Nacional en la Armada.
En caso de prosperar esta propuesta, las Fuerzas Armadas quedarían sujetas a discutir cada año con el Ejecutivo y el Congreso los fondos en cada proyecto en la Ley Anual de Presupuestos, poniendo en riesgo la continuidad del financiamiento de proyectos, entregando además su mantención a los vaivenes políticos de cada momento.
Lo anterior, además de poner en entredicho los planes institucionales, implicaría un aumento en los costos de los proyectos, ante la incertidumbre para las empresas implicadas en los mismos, que estos se suspendan, con los eventuales peligros implicados en la confianza en las cadenas de proveedores.
Todo lo anterior puede implicar un peligro latente para la seguridad nacional por el retraso excesivo o, derechamente, la suspensión de proyectos críticos, en medio de un escenario en el que nuestros vecinos Perú, Argentina, e incluso Bolivia, están inmersos en amplios procesos de rearme o al menos buscando financiamiento que les permitan hacerlo.
