El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) reconoció a empresas del sector que no dispone de fondos suficientes para concretar pagos a quienes desarrollan viviendas sociales, lo cual está generando una deuda que la industria calcula superior a los mil millones de dólares
Según dio a conocer el medio económico DF, la situación afecta a inmobiliarias, constructoras y proveedores de todo el país, e incluso incluye pagos pendientes a propietarios de terrenos adquiridos por la cartera.
Por medio de correos internos a lo que tuvo acceso el medio, la secretaría de Estado detalló a las empresas que, aunque existe ejecución presupuestaria, no hay «disponibilidad de caja ni aporte fiscal suficiente» para cubrir los pagos, los cuales podrían no concretarse hasta marzo de 2026, cuando se emita un nuevo decreto de modificación presupuestaria.
Este reconocimiento llega tras meses de rumores en el sector en este sentido, contexto en el cual numerosos ejecutivos aseguran que sus empresas enfrentan deudas que superan los US$ 40 millones.
El origen del problema se encuentra en el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), lanzado en 2022 para reducir el déficit habitacional de 640 mil hogares mediante subsidios a proyectos privados. Los principales instrumentos del plan, los decretos DS19 y DS49, permiten a familias acceder a su primera vivienda o a hogares vulnerables financiar la compra o construcción de casas.
Pero los pagos pendientes en ambos sistemas han paralizado proyectos y retrasado entregas, afectando a familias que ya habitan algunas viviendas construidas. De hecho, expertos del sector han señalado que la iniciativa gubernamental era demasiado ambiciosa.
Para intentar mitigar la situación, el Minvu implementó un modelo de confirming a través de BancoEstado, que permite adelantar pagos con intereses que asumen las empresas, aunque solo aplica a algunos proyectos. Desde la industria, califican esta medida como un “parche” insuficiente frente al riesgo de quiebras y reorganizaciones financieras, especialmente para pequeñas y medianas constructoras.
De acuerdo al citado medio, la cartera atribuye la crisis a gastos mayores a los presupuestados, reactivación de obras y recursos insuficientes.
