Más de 230 mil documentos oficiales del Ministerio de Defensa Nacional emitidos entre 1973 y 1990 obtendrán una protección especial luego que Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) aprobara declararlos como Monumento Histórico en su sesión del miércoles 3 de septiembre.

Los documentos revisados hasta ahora, en su mayoría catalogados como secretos o reservados, contienen información valiosa que da cuenta del control que ejercían las Fuerzas Armadas sobre todos los órganos de la Administración del Estado en dicho período.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, destacó el aporte de este material al Plan Nacional de Búsqueda, que busca reunir información que permita establecer el paradero de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura.

«Aquí hay mucha información que ayuda, que da hilo para poder encontrar. Todos necesitamos saber qué pasó, qué pasó con mi hijo, qué pasó con mi madre, qué pasó con mi hermano. Ese es un tema de humanidad. Cada búsqueda, cada encuentro de una persona nos hace mejores como país, nos podemos mirar con más tranquilidad y el que pueda aportar y el que tenga algo que aportar para esto es evitar un sufrimiento que se ha alargado por demasiados años» dijo.

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, afirmó que «este es un avance que nos permite por una parte declarar la importancia histórica que tiene este archivo, que además ha estado durante los últimos años el equipo del Ministerio de Defensa sistematizando, digitalizando, para poder poner a disposición de la ciudadanía este archivo que es tan valioso, de un periodo de quiebre democrático en nuestro país».

De los más de 230 mil documentos del Archivo Institucional del Ministerio de Defensa, contenidos en 772 tomos, hasta ahora se han revisado 494 volúmenes como parte del Proyecto Mnemósine, iniciativa desarrollada en 2023 con ocasión de los 50 años del Golpe Militar.

El proyecto culminó en un informe con una selección de 66 documentos, entregado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en septiembre de 2024, como una forma de contribuir al Plan Nacional de Búsqueda.

«Este es un trabajo que no solo aporta a la memoria histórica de nuestro país sino que es un trabajo fundamental en el Plan Nacional de Búsqueda, que tiene que ser una política de Estado y volvemos a reiterar el llamado a que todas las fuerzas políticas, si efectivamente tienen un compromiso genuino con la democracia y el respeto a los derechos humanos, aseguren la continuidad del plan, más allá de quien salga electo en el próximo gobierno», señaló por su parte el ministro de Justicia, Jaime Gajardo.