En una semana legislativamente compleja, en la que aún resuenan los coletazos del fracaso de incluir multas en el proyecto que sanciona el incumplimiento del voto obligatorio en la Cámara, el Gobierno decidió, en pleno período de campaña electoral, poner urgencia al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) o aborto, el cual se encuentra en la comisión de Salud de la Cámara Baja.
Se trata de una de las iniciativas más emblemáticas del Gobierno, y busca establecer un plazo de 14 semanas para la interrupción voluntaria del embarazo. Según la normativa vigente, en casos de violación se contemplan 12 semanas y 6 días en el caso de mujeres mayores de 14 años, y hasta las 14 semanas de gestación para menores de 14 años.
Sobre las otras dos causales, de riesgo vital de la mujer o inviabilidad fetal letal, estas no cuentan con un plazo de gestación específico para realizar la interrupción del embarazo.
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, defendió la urgencia de la iniciativa, argumentando que «tal como lo hemos conversado con el presidente de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados (Patricio Rosas), una vez que se pudieran despachar dos proyectos prioritarios como lo eran la Superintendencia de Isapres y la ley Ricarte Soto, íbamos a entrar con esta discusión. No hay ninguna novedad en el cronograma».
Al preguntársele si el proyecto contaría con los votos suficientes para su aprobación, acotó que «para los derechos de las mujeres y en particular para discusiones como esta nunca han estado los votos ex ante, lo importante es dar los debates».
