El Parlamento de Argentina rechazó este jueves el veto del presidente, Javier Milei, a una ley que declara la emergencia en discapacidad.
De esta forma se obliga al Estado a aumentar los fondos de asistencia, un hecho inédito en el país en 22 años.
El Senado argentino revirtió por amplia mayoría el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad, después de que la Cámara de Diputados la aprobara el 20 de agosto.
La norma que obliga al Gobierno a garantizar la financiación adecuada de las pensiones con discapacidad y fortalecer la asistencia para ese sector.
Esta había sido aprobada por el Congreso el pasado 10 de julio y vetada a través de un decreto presidencial el 2 de agosto, deberá entrar en vigor.
El Senado insiste en que la ley debe promulgarse
La Cámara Alta rechazó el veto por 63 votos a favor de la ley de discapacidad, siete en contra y ninguna abstención.
“El Senado resuelve insistir en la sanción original del proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en todo territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026”, dijo el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.
“En consecuencia, el proyecto de ley es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación”, indicó.
Alejandra Vigo, senadora del bloque opositor Unión Federal por la provincia de Córdoba, consideró “inhumano” el veto de Milei.
Expresó que la iniciativa tenía que “ser ley, no solamente por los discapacitados, sino por toda la sociedad”.
Debido al severo ajuste aplicado por el Gobierno de Milei, los discapacitados han sufrido recortes en la asistencia que necesitan.
En tanto, algo más de 100.000 sufrieron la cancelación de sus pensiones en las últimas semanas.
Escándalo de corrupción
Durante el debate en el pleno de la Cámara Alta, numerosos senadores se explayaron sobre el escándalo de corrupción que se desató el pasado 20 de agosto.
El escándalo ocurrió a partir de la difusión de audios que detallaban un esquema de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) e involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La hermana del presidente quedó en la mira en los últimos días tras haber sido señalada como una de las beneficiarias del presunto esquema de sobornos.
Este involucra a la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina y, según los audios, se habría producido con conocimiento del mandatario.
Tras la presentación de una denuncia penal contra Javier Milei, su hermana y otros involucrados, la Justicia comenzó a investigar el caso y llevó a cabo una serie de allanamientos.
La senadora peronista Juliana di Tullio resaltó que son las personas con discapacidad “las que le están poniendo un freno a este Gobierno y al presidente Javier Milei”.
La senadora Guadalupe Tagliaferri (Propuesta Republicana) explicó que la discapacidad no puede verse como un problema privado sino del Estado.
Afirmó: “Cuando me pregunten de donde sale la plata para financiar esta ley, les voy a contestar que sale del sobreprecio y la coima (sobornos)”.
Amenaza de ‘judicialización’
El pasado 2 de agosto Milei firmó el decreto que vetaba la norma bajo el argumento de que su aplicación conspira contra el objetivo del equilibrio en las cuentas públicas.
Estas lograron en los primeros siete meses del año un superávit primario equivalente al 1,1 % del PIB.
Calculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley de emergencia en discapacidad tiene un coste fiscal de entre el 0,28 % y el 0,51 % del PIB.
El presidente, quien ha vetado otras iniciativas similares como el aumento de emergencia del 7,2 % de las jubilaciones, amenazó con judicializar el asunto.
La última vez que el Parlamento argentino revirtió un veto presidencial fue el 12 de marzo de 2003, hace 22 años, durante el Gobierno interino de Eduardo Duhalde (2002-2003).
