La Contraloría dio a conocer que otros 10.805 funcionarios públicos de regiones salieron fuera del país durante su licencia médica o en parte de ella.

El nuevo Consolidado de Información señala que esto podría implicar el uso irregular de 15.257 licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024.

De este total, el 76% corresponde a FONASA y un 24% a ISAPRES.

Se agrega que los titulares de esas 15.257 licencias, habrían entrado o salido del país en 26.606 oportunidades.

Entrada y salida del país

En total de 67 funcionarios registran entre 16 y 30 entradas y/o salida, mientras que 30 tienen más de 30 entradas y/o salidas del país.

Tanto en 2023 como en 2024, los viajes al extranjero se concentraron principalmente en el último trimestre, es decir entre octubre y diciembre.

Respecto de los servicios a los que pertenecen los funcionarios que habrían incumplido su periodo de reposo, estos pertenecen a 442 entidades públicas de regiones.

De ellas, el 67% corresponde a servicios de salud y hospitales, un 15% a Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

A eso se suma un 11% a municipalidades, corporaciones y direcciones municipales, 4% a establecimientos educacionales, y un 3% a otro tipo de servicios.

Servicios involucrados

Se destacan el Servicio de Salud Magallanes (1.258 licencias), SLEP Chinchorro (1.065 licencias), Servicio de Salud del Reloncaví (780 licencias).

El Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (692 licencias), Dirección Servicio de Salud Aysén (553 licencias), y Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (517 licencias).

Estos más de 10 mil casos se suman a los 25.078 funcionarios públicos dados a conocer el 20 de mayo pasado, en el marco del CIC N° 9.

La Contraloría notificará a las instituciones involucradas para que se inicien los procedimientos disciplinarios de rigor.

Se remitan las respectivas resoluciones a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) de la CGR, en un plazo de cinco días hábiles.

La información será remitida a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para que se ejerzan las acciones que correspondan.