- La segunda mitad de 2025 ha sido un período de debate sobre la regulación de las plataformas de apuestas en línea en Chile. Un punto clave fue la decisión de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de rechazar la propuesta del Gobierno para modificar el Código Penal e incluir una prohibición total de la actividad.
Carlos Baeza, abogado y representante de la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea, indicó que este rechazo se considera la principal victoria para los operadores. En una entrevista con Apuesta Legal Chile, Baeza destacó que el proyecto de ley que tramita el Ministerio de Hacienda para regular el sector contrasta con la propuesta de prohibición, lo que, a su juicio, pone en cuestión la «verdadera voluntad» de regular por parte del actual Gobierno. Según Baeza, el mercado podría ser «entregado en exclusiva a una empresa estatal».
El proyecto de ley actual propone una carga tributaria del 37,6%, una de las más altas de la región. Baeza comparó esta cifra con la de países como Perú y Brasil, donde el impuesto al juego se ha fijado en 12%. Argumentó que un impuesto elevado podría afectar la «tasa de canalización», es decir, el porcentaje del mercado que opera bajo la regulación.
Baeza también se refirió al concepto de “cooling off”, que bloquea a los operadores actuales de la posibilidad de operar en el período transitorio. El representante de la agrupación considera que estas normas «carecen de sustento legal» y pueden afectar el objetivo de la regulación de mantener el 88% del mercado que, según la consultora Yield Sec, ya está canalizado por compañías internacionales.
En relación con el juego responsable, Baeza destacó que el proyecto de ley incluye una Política Nacional de Apuestas Responsables que, según él, establece un estándar para la protección de menores y de los derechos de los consumidores.
Finalmente, el abogado subrayó el vínculo que la regulación podría generar entre la industria y el deporte chileno. El proyecto incluye un impuesto del 2% que se destinaría directamente a las Federaciones deportivas y al Comité Olímpico y Paralímpico de Chile, lo que representaría una «fuente de financiamiento permanente» para el deporte nacional.
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