Durante su reunión con los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el Presidente Gabriel Boric instruyó a la Fuerza Aérea de Chile (FACH) entregar los antecedentes que dieron origen a la investigación por tráfico de drogas por parte de funcionarios de la institución.

La información fue confirmada por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en el punto de prensa posterior al encuentro, tras por los casos que han involucrado a representantes de la FACH y el Ejército, precisando que fue solicitado «de modo que la fiscal de Tarapacá disponga de la información que requerida». 

Lo anterior, luego que la fiscal Patricia Steinert solicitara formalmente los antecedentes el viernes, pero fueron negados por la institución militar, ante lo cual presentó una solicitud al tribunal de garantía para que se trabe la contienda de competencias, argumentando que se trata de un delito común que debe ser investigado por la justicia ordinaria.

Frente a ello, la FACh sostiene que corresponde a la justicia militar por tratarse de funcionarios de su institución.

La explicación del ministro Cordero

En este contexto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, detalló finalmente la polémica entre la Fuerza Aérea y la Fiscalía, y la intervención presidencial en el caso, explicando que «dado que estos fueron hechos que ocurrieron en un recinto militar, los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía Militar / Fiscalía de Aviación. Con posterioridad, dado el conocimiento que tuvo la fiscal de Tarapacá de los antecedentes, el día viernes remitió una solicitud de antecedentes, que es una regla que está establecida en el artículo 19 del Código Procesal Penal. La respuesta en su oportunidad fue negativa en el entendido de que esto ya estaba en conocimiento de la Fiscalía Militar y, en consecuencia, la fiscal ha recurrido a la Corte de Apelaciones para, simplemente, le entreguen la información».

Agregó luego que «lo que ha instruido el Presidente de la República es que, sin perjuicio de ese debate, que todavía no se traba -ese es un tema muy relevante-, se responda los antecedentes de hecho que ha requerido la fiscal de Tarapacá; que se responda bajo la reserva que establece el Código Procesal Penal. Los antecedentes de hecho que ha requerido la fiscal y, de ese modo, se pueda aclarar suficientemente, como aclarado la ministra Delpiano, los bordes de esta investigación, es decir, si solo se refieren al recinto militar o lo exceden, en cuyo caso la competencia es del Ministerio Público«.

«Sin perjuicio de eso, el Ejecutivo va a interponer una querella por Ley 20.000 en este caso», concluyó.