Por: Leslie Power – Psicóloga Clínica.

Cuando se discutía la extensión del postnatal a seis meses (que en la práctica corresponde a cinco meses y medio), surgieron diversas críticas.

Algunas fueron especialmente agresivas. Una de ellas, en particular, se volvió difícil de olvidar:

La pregunta evidenciaba una lógica individualista, centrada en el “yo primero”, donde la noción de comunidad se diluye frente a la propiedad privada y la competencia por recursos. Ante ese tipo de argumentos, resulta necesario recordar que las personas no vivimos aisladas. Habitamos en comunidad, y en ese contexto, el cuidado se distribuye. El pago de impuestos, por ejemplo, representa uno de los mecanismos con los que las sociedades se protegen a sí mismas.

En esa misma conversación, respondí que, cuando esa persona llegue a la vejez y necesite apoyo, puede ser mi hijo (aquel por el que hoy se cuestiona el uso de recursos públicos) quien esté allí para acompañarla.

No por un vínculo personal, sino porque aprendió el valor del cuidado. Porque tuvo tiempo con su figura de apego. Porque fue sostenido y, en consecuencia, aprendió a sostener a otros.

La reciente propuesta legislativa conocida como “Hijito Corazón”, que busca trasladar a los hijos la responsabilidad formal del cuidado de sus padres mayores, vuelve a poner en evidencia este conflicto.

Al liberar al Estado de dicha tarea, se institucionaliza una lógica que privatiza el cuidado. Se concibe como una carga familiar, como un deber moral heredado o como una deuda por saldar.

La iniciativa no considera la existencia de vínculos deteriorados, experiencias de maltrato o abandono, ni tampoco si los hijos o hijas están en condiciones reales de asumir ese rol. Lo central es que el Estado se retira y que cada individuo asuma lo que se le asigna como propio.

Sin embargo, los vínculos no pueden decretarse por ley. El cuidado no se impone, ni se obliga; se siente. Y para que eso ocurra, se requiere una sociedad que lo valore desde los primeros años de vida.

Una política pública que niega el derecho a cuidar y ser cuidado desde los primeros días, que restringe el acceso al tiempo y a los recursos necesarios para maternar o paternar, y que más tarde exige a esos mismos hijos que devuelvan lo que nunca recibieron, solo puede generar más fracturas en el tejido social.

No es posible esperar compromiso afectivo de quienes crecieron en la precariedad emocional. Tampoco puede exigirse responsabilidad a personas criadas por adultos que estaban solos, sobrecargados y sin redes de apoyo.

Una comunidad no se construye en ausencia del Estado. Por ello, la ley “Hijito Corazón” no constituye una solución, sino un síntoma. Es reflejo de un país que se niega a cuidar, pero que espera ser cuidado.

Lo urgente no es legislar la obligación individual, sino diseñar una política nacional del cuidado.

Una que reconozca que el bienestar no es un asunto privado, sino colectivo. Que comprenda que el cuidado no comienza en la vejez, sino en la infancia. Y que, si se desea una sociedad capaz de acompañar a sus mayores, debe comenzarse por garantizar cuidados dignos y sostenidos para niñas y niños.