Una empresa de capitales mayoritariamente chilenos se encuentra alquilando un espacio en una base de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en Callao.
De acuerdo a fuentes periodísticas peruanas, se trata de la empresa Puma Air, vinculada al exmilitar chileno Walton Humberto Mery Pinto quien, como representante de la misma, obtuvo todos los permisos correspondientes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes del vecino país, por lo que cuenta con la autorización necesaria para operar en territorio peruano y arrendar 271 metros cuadrados para un taller mecánico dentro de la citada instalación de la base Ala Aérea número 2 de la FAP.
Puma Air es una empresa aeronáutica con sedes en Chile y Perú. En este último país, además, sus permisos le permiten operar en su espacio aéreo y alquilar aeronaves a empresas que proveen energía y gas.
Al conocerse la operación en un recinto militar, tanto la Fiscalía y la Policía enviaron un documento pidiendo explicaciones a la Fuerza Aérea del Perú.
Así, en agosto de 2024 el Ministerio Público abrió una investigación por este caso por el presunto tráfico de influencias en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En paralelo, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) abrió un expediente por posible espionaje e infiltración, ante la alerta de que la cuestionada empresa podría haber accedido a información sensible.
En la base aérea operan escuadrones de helicópteros y de aviación de transporte.
La participación del exmilitar chileno en gestiones ante la DGAC, pese a que no figura en documentos públicos empresariales, agrava la preocupación de las autoridades.
Dudas sobre la propiedad
Uno de los puntos clave del caso es que, según la Ley de Ética Civi peruanal, la participación extranjera en una aerolínea peruana no puede superar el 70% del accionariado, con el objetivo de preservar la seguridad nacional.
Documentación del caso sugiere que la empresa habría cumplido el requisito al registrar solo un 66,54% de capital extranjero, aunque se ha acusado que, en la práctica, los beneficiarios finales de ese poco más de 33% serían extranjeros, lo que se suma a las dudas sobre posibles irregularidades en el otorgamiento de los permisos y el impacto en la soberanía nacional.
