El Servicio de Impuestos Internos (SII) de La Serena solicitó al Ministerio Publico los antecedentes para determinar la posible existencia de delitos tributarios en el bullado caso denominado Papaya Gate.

Todo esto se enmarca dentro de una investigación por la compraventa irregular de 6 propiedades en la que estuvo involucrado el Gobierno Regional de Coquimbo.

De esta forma, el SII inició un proceso de auditoría tributaria para fiscalizar el correcto cumplimiento de la declaración y pago de impuestos.

La finalidad era la de determinar el costo directo de los terrenos para el período comercial 2020, imputado por las sociedades inmobiliarias La Herradura S.P.A., La Serena S.P.A., El Faro S.P.A., Pan de Azúcar S.P.A., Cerro Grande S.P.A. y Guayacán S.P.A.

El SII detectó que el costo tributario imputado por estas empresas a los ingresos generados por la venta de los inmuebles era excesivo, ya que su valor original ascendía a $485.229.830.

Se constató que el costo directo de los bienes raíces vendidos al Gore Coquimbo por parte de las sociedades inmobiliarias había sido incrementado artificialmente.

Lo anterior mediante un proceso de reorganización empresarial que tuvo como finalidad imputar en su declaración de Renta, como costo tributario en contra de los ingresos generados, la suma de $3.881 millones.

Se presentó en 2023 una querella por delitos tributarios en el Juzgado de Garantía de La Serena, contra las 6 inmobiliarias involucradas en este ilícito.

De esta forma, los representantes legales fueron formalizados junto con el profesional que los asesoró, en el mencionado proceso de reorganización.

El incremento se generó como consecuencia de un proceso de división y posterior fusión impropia entre empresas instrumentales.

Lo anterior les permitió aumentar el valor de los bienes raíces y, como consecuencia de ello, su costo, a través del mecanismo denominado goodwill.

Al imputar dicho costo artificial contra los ingresos generados por la venta al Gobierno Regional de Coquimbo, las empresas dejaron de pagar más de $904.589.399 en impuestos.

Responsabilidad de los contribuyentes involucrados

Los antecedentes detectaron que las declaraciones anuales de Impuesto a la Renta del año tributario 2021 eran maliciosamente falsas.

El costo tributario declarado fue generado artificialmente, mediante una planificación tributaria, elaborada por el abogado de los contribuyentes involucrados, Luis Gastón Iver Hudson.

El objetivo fue disminuir la base imponible del impuesto de primera categoría que se generaría con la enajenación de bienes raíces de las empresas ya indicadas.

Las empresas son Inmobiliaria Guayacán S.P.A., Inmobiliaria La Herradura S.P.A., Inmobiliaria La Serena S.P.A., Inmobiliaria El Faro S.P.A., Inmobiliaria Pan de Azúcar S.P.A. e Inmobiliaria Cerro Grande S.P.A.

Medidas cautelares:

Los 5 formalizados son Lorenzo Iduya Ortíz de Luzuriaga, Nicolás Bakulic Givorcin, Karim Daire Daud, Manuel Daire Daud y Luis Iver Hudson.

A estos se les aplicaron las medidas cautelares de firma mensual en dependencias del Ministerio Público y arraigo nacional.

Investigación del Ministerio Público

El Ministerio Público inició una investigación criminal por fraude al Fisco en 2021, previo oficio de parte de Contraloría.

Una auditoría administrativa detectó que el Gore de Coquimbo compró seis inmuebles ubicados en el sector de San Ramón, comuna de La Serena.

Lo hizo a las empresas Inmobiliarias La Herradura S.P.A., La Serena S.P.A., El Faro S.P.A., Pan de Azúcar S.P.A., Cerro Grande S.P.A. y Guayacán S.P.A.

La adquisición fue a través de un contrato a trato directo que no cumplió con el trámite de toma de razón de la autoridad contralora.