La Contraloría reveló deficiencias en los procedimientos de control de armas realizadas por parte de Carabineros a personas poseedoras de armas inscritas.

De acuerdo a la investigación del ente fiscalizador, la Autoridad Fiscalizadora Nº28 del O.S.11 de la institución policial no cumplió con su obligación legal de denunciar al Ministerio Público cuando no se encontraron armas en domicilios registrados o cuando estas no fueron transferidas tras el fallecimiento de sus titulares.

Junto a lo anterior, el informe reveló que 37 armas asociadas a 26 personas condenadas por delitos no fueron incautadas o denunciadas, lo que constituye un grave incumplimiento de sus obligaciones legales.

Asimismo, la auditoría detectó también que en 30 inspecciones realizadas a armas inscritas cuyos titulares eran personas fallecidas, estas no fueron encontradas en sus domicilios ni se acreditaron las transferencias conforme a la normativa.

Aunque el sistema informático de control registraba que se habrían efectuado las denuncias correspondientes, la autoridad fiscalizadora no pudo respaldar dichas denuncias.

La Contraloría General de la República anunció que dará inicio a un procedimiento disciplinario directo y remitió los antecedentes al Ministerio Público.